Valor de cosa juzgada de las sentencias del tribunal constitucional

Valor de cosa juzgada de las sentencias del tribunal constitucional

Jurisprudencia sobre la cosa juzgada

En su recurso de inconstitucionalidad, el demandante impugna, entre otras cosas, lo que considera una ejecución insatisfactoria de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 26 de febrero de 2004 pronunciada en su caso y el desconocimiento del derecho internacional por parte del Tribunal Regional Superior de Naumburg.
1. a) El demandante es el padre del niño Christofer, que nació ilegítimo el 25 de agosto de 1999. La madre del niño, que al principio no nombró al demandante ante las autoridades como padre del niño, dio al niño en adopción un día después de su nacimiento y declaró primero su consentimiento previo a la adopción por parte de los padres de acogida en un acta notarial de 1 de noviembre de 1999; repitió su consentimiento el 24 de septiembre de 2002. El niño vive con los padres de acogida desde el 29 de agosto de 1999.
El denunciante se enteró en octubre de 1999 del nacimiento del niño y de su entrega en adopción; su contacto con la madre del niño se había interrumpido en julio de 1999. A partir de ese momento, él mismo comenzó a intentar adoptar a su hijo, lo que al principio encontró dificultades, ya que no se reconocía su paternidad. Finalmente, su paternidad fue establecida por una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Wittenberg (Amtsgericht ) de 20 de junio de 2000.

La cosa juzgada constructiva

La potestad jurisdiccional corresponde a los Magistrados, (13) al Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal de lo Penal y al Tribunal Superior de Justicia de Andorra, así como a los respectivos presidentes de dichos tribunales, de acuerdo con la ley.
Las sentencias, una vez firmes, tienen valor de cosa juzgada y no pueden ser modificadas ni anuladas, salvo en los casos previstos por la ley o cuando, excepcionalmente, el Tribunal Constitucional, tras el correspondiente proceso de recurso constitucional, decida que fueron dictadas con violación de determinados derechos fundamentales.
De acuerdo con las leyes y sin perjuicio de la responsabilidad personal de sus causantes, el Estado cubrirá los daños y perjuicios derivados de un error judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
d) Conflictos de competencia entre órganos constitucionales. A estos efectos se consideran órganos constitucionales los Copríncipes, el Consejo General, el Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y los Ayuntamientos.

Res judicata y estoppel

Su conferencia me brinda la oportunidad de volver a examinar mi tesis doctoral «Las obligaciones de los Estados derivadas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», publicada hace 25 años[1]. Quisiera dedicar mi intervención al director de mi tesis, el profesor Jochen Abraham Frowein[2].
Hablando en Brno, sede de los Tribunales Supremo, Supremo Administrativo y Constitucional checos, es bastante natural abordar el tema de los efectos vinculantes de las decisiones del TEDH desde el ángulo del derecho interno. Más concretamente, me gustaría examinar cuáles son las obligaciones de los tribunales nacionales cuando se enfrentan a sentencias del TEDH que constatan violaciones del Convenio.
Cuando escribí mi tesis en Heidelberg, vivíamos en un siglo diferente, en una Europa diferente. De 1986 a 1990, el TEDH había dictado una media de 26 sentencias al año. Hasta el 1 de enero de 1990, se habían dictado un total de 235 sentencias.
Hoy en día, el ámbito de aplicación del Convenio abarca toda Europa y el TEDH dicta una media de más de 1.000 sentencias al año. La cuestión de la fuerza vinculante de las sentencias del CEDH y su ejecución es, por tanto, más relevante que nunca.

Res judicata filipinas

En una sentencia de 14 de febrero de 2019, el Tribunal Constitucional ha reducido significativamente el alcance del principio de cosa juzgada en materia penal. Tras esta sentencia, a partir de ahora, un acusado condenado definitivamente que haya podido defenderse ante el tribunal penal podrá contar, en un juicio civil posterior, con la prueba de su inocencia aportada por una parte que no haya intervenido en el proceso penal. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha ampliado la tendencia marcada por el Tribunal de Casación, reduciendo el alcance del principio de cosa juzgada con el fin de proteger el derecho de defensa.
La autoridad de la cosa juzgada en relación con el juez civil se refiere al principio según el cual el juez civil, al evaluar una acción presentada ante él, está vinculado por lo que ha decidido previamente el juez penal belga en una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Este principio ha sido reconocido desde hace tiempo como un principio general del derecho destinado a garantizar la unidad de la jurisprudencia: dos sentencias en un mismo litigio no pueden ser contradictorias. La elección del legislador de dar prioridad a las sentencias penales se justifica por el carácter de orden público del derecho penal.

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