Tribunales de justicia españa

Tribunales españoles

Los Tribunales Superiores de Justicia son tribunales del sistema judicial español cuyo ámbito territorial abarca una comunidad autónoma, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Constitución española de 1978 definió la organización territorial del Estado español como una jerarquía de municipios, provincias y comunidades autónomas. La actual estructura administrativa descentralizada se conoce como «Estado regional» o, en España, «Estado de las autonomías».
Las comunidades autónomas poseen sus propias competencias legislativas y ejecutivas, que les confiere su Estatuto de Autonomía o que les transfiere el Estado, de acuerdo con la Constitución española de 1978.
Sin embargo, una diferencia cualitativa importante entre el estado de las comunidades autónomas y un estado federal es que las comunidades autónomas no tienen un órgano judicial propio que juzgue los casos según su propia ley; en su lugar, las comunidades ejercen el poder judicial unificado del estado español. A pesar de ello, la legislación relativa a las comunidades autónomas prevé que éstas tengan un papel judicial, por ejemplo, en las competencias de los funcionarios en la administración del sistema judicial y de los recursos materiales y económicos. Además, la asamblea legislativa de cada comunidad participa en el nombramiento de un tercio de los miembros de la sala civil y penal del respectivo tribunal superior de justicia: la asamblea elabora una terna y la presenta al Consejo General del Poder Judicial, que selecciona a uno de los candidatos para el puesto en cuestión.

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El 13 de octubre, el Gobierno español presentó en el Parlamento un proyecto de ley con un objetivo principal: reducir las mayorías parlamentarias para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Su propósito es superar un bloqueo político en la renovación de sus miembros, que ya dura dos años. Pero el intento del gobierno, en cierto modo torpe, ha sido rápidamente comparado con las maniobras para controlar el poder judicial en Polonia y Hungría. Sin embargo, este proyecto de ley y esas críticas exageradas ocultan una realidad mucho más relevante y, sobre todo, más triste.
Hace tiempo que muchas voces denuncian que la justicia española no es realmente independiente, al menos en sus altos tribunales. Los medios de comunicación españoles lo ponen constantemente de manifiesto, normalmente señalando a los jueces como «progresistas» o «conservadores», sin indicar simplemente una tendencia ideológica, sino más bien pretendiendo subrayar una dependencia política incompatible con la función judicial. Muy recientemente, el 21 de septiembre de 2020, Luis Navajas Ramos, Fiscal del Tribunal Supremo, hizo declaraciones públicas refiriéndose a los fiscales exactamente de la misma manera, confirmando la sospecha. Dichas sospechas también se ven refrendadas a través de dos informes. Uno del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, y otro de la Comisión Europea.

Tribunal superior de justicia madrid españa

Los Tribunales Superiores de Justicia son tribunales del sistema judicial español cuyo ámbito territorial abarca una comunidad autónoma, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Constitución española de 1978 definió la organización territorial del Estado español como una jerarquía de municipios, provincias y comunidades autónomas. La actual estructura administrativa descentralizada se conoce como «Estado regional» o, en España, «Estado de las autonomías».
Las comunidades autónomas poseen sus propias competencias legislativas y ejecutivas, que les confiere su Estatuto de Autonomía o que les transfiere el Estado, de acuerdo con la Constitución española de 1978.
Sin embargo, una diferencia cualitativa importante entre el estado de las comunidades autónomas y un estado federal es que las comunidades autónomas no tienen un órgano judicial propio que juzgue los casos según su propia ley; en su lugar, las comunidades ejercen el poder judicial unificado del estado español. A pesar de ello, la legislación relativa a las comunidades autónomas prevé que éstas tengan un papel judicial, por ejemplo, en las competencias de los funcionarios en la administración del sistema judicial y de los recursos materiales y económicos. Además, la asamblea legislativa de cada comunidad participa en el nombramiento de un tercio de los miembros de la sala civil y penal del respectivo tribunal superior de justicia: la asamblea elabora una terna y la presenta al Consejo General del Poder Judicial, que selecciona a uno de los candidatos para el puesto en cuestión.

La justicia del tribunal supremo español

Según el Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE de 2019, España se encuentra entre los cuatro países de la UE con peor percepción sobre la independencia judicial entre sus ciudadanos. La encuesta muestra una tendencia que no se detiene: la percepción sobre la parcialidad del poder judicial crece peligrosamente en la sociedad española. Las causas hay que buscarlas en tres elementos: la situación política del país; las carencias de la normativa sobre el poder judicial; el comportamiento de los propios jueces.
Recientemente, el Tribunal Supremo español ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso del Sr. Oriol Junqueras contra la negativa del mismo tribunal a permitirle salir brevemente de la prisión en la que se encontraba en régimen de prisión provisional. El Sr. Junqueras estaba en ese momento recién elegido como diputado al Parlamento Europeo, y la autoridad electoral española (Junta Electoral Central) había decidido que sólo podía adquirir la plena condición de eurodiputado prestando personalmente el juramento a la Constitución española en sus instalaciones. El Tribunal Supremo le impidió hacerlo -aunque no estaba condenado por ningún delito- para evitar que gozara de la inmunidad europea.

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