Tribunal constitucional estado de alarma

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La Constitución Española de 1978 (CE) incluye una previsión específica (artículo 116) para los tres denominados estados de excepción -el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio- que serán regulados por una Ley Orgánica. El Gobierno declarará el estado de alarma mediante decreto, acordado por el Consejo de Ministros, y especificará el ámbito territorial al que se aplicarán los efectos de la proclamación. Podrá durar hasta 15 días como máximo y sólo podrá ser prorrogado, sin límite, por la autorización del Congreso. El estado de excepción debe ser autorizado por el Congreso y luego declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Deberá indicar específicamente sus efectos, el ámbito territorial al que se aplicará y su duración, que no podrá ser superior a 30 días, prorrogable por otro periodo de 30 días con los mismos requisitos. Además, el Art. 55.1 del TS establece que sólo en los estados de excepción y de sitio se pueden suspender algunos derechos fundamentales, pero no en el «estado de alarma», donde sólo se pueden limitar.

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Algo a lo que sin duda ha contribuido el Tribunal Constitucional con una jurisprudencia que ha permitido una interpretación de estas categorías excepcionales dentro del prisma de un Estado constitucional moderno. Así ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la aplicación del art. 155 del TS, y creo que esta es también la orientación definitoria de la reciente sentencia sobre la declaración del estado de alarma en esta pandemia. Ni la ley de Emergencia prevista en el art. 116 SC, ni el art. 155 SC que incluye la coacción federal son ese «botón nuclear» que puede hacer estallar el Estado constitucional. En un Estado de Derecho democrático como el que define la Constitución española, por muy grave que sea el peligro que corre el Estado, no hay un soberano desnudo que decida la excepción, ni se suspenderá la Constitución sin garantías.
En cualquier caso, tratemos de reconstruir las pautas establecidas por el Tribunal Constitucional. El objeto principal de la controversia planteada ante el Tribunal Constitucional fue la decisión del Gobierno de confinar a la población para responder a la pandemia. El Gobierno adoptó esta medida decretando el estado de alarma. Sin embargo, la Constitución española sólo permite la suspensión de derechos en el marco de un estado de excepción o de un estado de sitio. La cuestión constitucional era: ¿el confinamiento de la población era una limitación intensa de la libertad que podía adoptarse en el estado de alarma o era una suspensión que sólo podía adoptarse en el marco del estado de excepción? Y, en este último caso, ¿era posible decretar el estado de excepción para hacer frente a una pandemia? La respuesta del Tribunal Constitucional ha sido que el confinamiento era inconstitucional porque una medida tan incisiva en la libertad de circulación no puede ser considerada como una mera limitación, sino que, materialmente, habría supuesto una suspensión.

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Los magistrados dijeron que para que el gobierno suspendiera estos derechos básicos hubiera sido necesario el estado de excepción, que permite la suspensión de derechos fundamentales como el derecho de circulación.
El fallo del tribunal dice que el estado de alarma impuesto el 16 de marzo tras un repunte de casos de coronavirus en toda España no sólo limitó los derechos fundamentales sino que los suspendió, lo que resulta inconstitucional.
El Tribunal Constitucional acordó que la sentencia, que anula el bloqueo, no implicaría responsabilidades para el gobierno ni permitiría demandas de empresas o ciudadanos particulares que sufrieran pérdidas económicas debido al estado de alarma.

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2 Las seis prórrogas del estado de alarma fueron aprobadas por el Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, el Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, el Real Decreto 492/2020 de 24 de abril, el Real Decreto 514/2020 de 8 de mayo, el Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo y el Real Decreto 555/2020 de 5 de junio.
11 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, «Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial» <www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/buenas%20pr%C3%A1cticas%20establecimientos%20sector%20comercial.pdf> (última consulta: 25 de septiembre de 2020).
12 Ministerio de Universidades de España, «Recomendaciones a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-21 a una presencialidad adaptada» (31 de agosto de 2020) <www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Recomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf> (consultado por última vez el 25 de septiembre de 2020).
16 Durante los dos primeros meses de la pandemia (marzo-abril de 2020), Andalucía aprobó 11 instrumentos de derecho indicativo con recomendaciones de salud pública. Baleares y Extremadura adoptaron 13 y 10 instrumentos de este tipo, respectivamente. Por el contrario, Madrid sólo utilizó el derecho indicativo en tres instrumentos, mientras que Murcia y Cantabria sólo lo hicieron en dos ocasiones.

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