Responsabilidad penal de las personas juridicas en españa

Responsabilidad penal de las personas juridicas en españa

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cubre cuestiones comunes en la delincuencia empresarial – incluyendo la aplicación del derecho penal, la organización de los tribunales, la responsabilidad penal de las empresas, los plazos de prescripción, el inicio de las investigaciones, los procedimientos de recopilación de información y más – en 23 jurisdicciones.
Los Juzgados de Instrucción incoan procedimientos penales y llevan a cabo investigaciones penales.    También deciden si hay motivos razonables para llevar al acusado a juicio.    A continuación, la acusación puede ser ejercida por el Ministerio Fiscal, una acusación particular (Acusación Particular) o una acusación popular (Acusación Popular).
Las administraciones públicas sólo están facultadas para imponer multas por infracciones administrativas.    Una vez que comprueban que se ha cometido un delito, el caso se remite al juez de instrucción competente de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (CPC).
Algunos organismos están facultados para investigar y llevar a cabo procedimientos administrativos por los que pueden imponer multas administrativas.    Por ejemplo, los siguientes organismos tienen autoridad administrativa en relación con los delitos empresariales:

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Parece que, para algunos jueces, el cumplimiento de las garantías procesales que la ley establece para las partes no es más que un formalismo excesivo, que produce un retraso innecesario. Nada raro, si tenemos en cuenta que para el legislador, la celeridad prevalece sobre cualquier otra consideración y así ha establecido que la instrucción de las causas penales debe finalizar en el plazo de seis meses, en cualquier caso. Está claro que en este pseudo estado de derecho, ni las garantías procesales, ni la gravedad ni la profundidad de la investigación de los delitos importan a algunos jueces y a algunos legisladores también. Lo más importante es descargar la carga de trabajo a los órganos judiciales, o eximir de responsabilidad a los políticos corruptos. En este mismo sentido, el Tribunal Supremo se ha dedicado últimamente a establecer el número máximo de páginas que debe tener un recurso de casación y el tipo de letra con el que debe estar escrito, para que pueda ser admitido.
En cuanto a la prueba, se produce una interesante discrepancia entre los criterios que el Tribunal Supremo expuso en la sentencia a la que nos hemos referido antes, y el memorándum emitido por el Fiscal General del Estado un mes antes.

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es un despacho de abogados español especializado en las áreas de delitos de cuello blanco y litigios multijurisdiccionales. El bufete ha representado a importantes instituciones financieras y empresas multinacionales, así como a sus consejos de administración y altos ejecutivos, en una amplia gama de los más complejos y destacados asuntos de cuello blanco y de aplicación de la normativa. Los profesionales del despacho combinan importantes conocimientos técnicos con una amplia experiencia práctica. Corporate Defense también lleva a cabo investigaciones internas y asesora a empresas multinacionales en el ámbito del cumplimiento normativo. En el ámbito de los delitos de cuello blanco, el bufete destaca en los complejos litigios relacionados con la responsabilidad penal de las empresas. En esta práctica específica, algunos miembros del bufete han podido conformar la jurisprudencia del Tribunal Supremo español. Los asuntos más recientes incluyen la representación de los intereses de la Autoridad de Resolución del Banco de España, la FDIC de España, un importante banco chino con sede en Luxemburgo, un ex presidente de un banco español y un ex presidente de una empresa pública.

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En este caso, debemos atender a lo dispuesto en el artículo 23.2 LOPJ, que establece que los tribunales españoles conocerán «de los delitos que se hayan cometido fuera del territorio nacional, siempre que los responsables penales fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y reúnan los siguientes requisitos
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no sea necesario este requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o sancionado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo se ha cumplido en parte, se tendrá en cuenta para reducir proporcionalmente la que corresponda».
Por último, hay que recordar que en los casos de grupos de empresas que operan a nivel multinacional los Programas de Cumplimiento de la matriz no tienen por qué servir a sus filiales como tales: deben tener los suyos propios, adaptados a la legislación de cada Estado en el que operan. Sin perjuicio de ello, el Programa de la matriz puede servir para algunas directrices generales, pero es sumamente importante, por todo lo explicado hasta ahora, que los Programas de las filiales se adapten a las legislaciones internas.

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