Recurso y cuestión de inconstitucionalidad

Recurso y cuestión de inconstitucionalidad 2021

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La Ley de la Constitución de 1867 confiere al Parlamento federal la facultad de crear un «Tribunal General de Apelación para Canadá», pero no define la jurisdicción del Tribunal[2] Cuando el Parlamento creó el Tribunal Supremo de Canadá en 1875, otorgó al Gabinete federal la facultad de remitir cuestiones al Tribunal Supremo para que éste emitiera su opinión[3] Esta disposición se ha mantenido y se encuentra ahora en la actual Ley del Tribunal Supremo[4].
En virtud de esta disposición, el Gabinete federal puede someter una cuestión al Tribunal Supremo de Canadá mediante una orden en el Consejo. Una vez presentadas las preguntas al Tribunal, éste tiene un control total sobre el proceso a seguir. La remisión se trata de la misma manera que una apelación. El Fiscal General de Canadá tiene derecho a comparecer ante el Tribunal y a presentar alegaciones. Los Fiscales Generales de las provincias y territorios tienen derecho a ser notificados de una referencia y pueden comparecer en ella. Las partes interesadas pueden solicitar la condición de interviniente para presentar sus alegaciones durante la vista. Cuando sea necesario, el Tribunal puede designar un amicus curiae para que presente un factum en apoyo de una determinada opinión.

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El Tribunal Constitucional, a través de la cuestión de inconstitucionalidad, así como de la acción de inconstitucionalidad, garantiza la supremacía de la Constitución y examina la conformidad de las leyes, disposiciones reglamentarias y actos con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas con la Constitución.
La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser promovida -de oficio o a instancia de parte- por los jueces y tribunales y deben hacerlo si consideran que una norma con fuerza de ley aplicable al proceso que juzgan y de cuya validez depende la decisión que se adopte, puede ser contraria a la Constitución.
El tribunal debe plantear la cuestión una vez concluido el proceso y fijado el plazo para dictar sentencia, y debe identificar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad suscita dudas, así como el precepto constitucional supuestamente infringido y especificar o justificar en qué medida el proceso de decisión depende de la validez de la ley en cuestión.

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Si el Tribunal constata la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, el procedimiento sigue su curso hasta la entrada en vigor del Proyecto o Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, incluyendo, en su caso, la convocatoria y celebración del referéndum.
Si el Tribunal declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá especificar los preceptos afectados y aquellos otros que, en conexión o consecuencia, se vean afectados por la declaración de inconstitucionalidad y los preceptos constitucionales vulnerados. El procedimiento para la aprobación del Anteproyecto o Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía no puede continuar sin la eliminación o modificación por el Parlamento de aquellos preceptos declarados inconstitucionales.
La resolución del recurso anterior no prejuzga la ulterior decisión del Tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad ni sobre las cuestiones que puedan presentarse tras la entrada en vigor del Proyecto o Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.

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