Recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad
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Antes de presentar el recurso contra las decisiones gubernamentales o administrativas o contra las decisiones judiciales, el peticionario debe demostrar haber agotado los recursos disponibles ante los tribunales ordinarios. Además, es necesario haber reaccionado ante la vulneración de lo fundamental que ahora se pretende hacer valer ante el Tribunal Constitucional, desde que se detectó la violación.
Los plazos para interponer el recurso contra las resoluciones gubernamentales o administrativas y el recurso contra las resoluciones judiciales son de veinte y treinta días, respectivamente, siendo el dies a quo el de la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial. El plazo para interponer el recurso contra las decisiones parlamentarias es de tres meses desde que las decisiones se convierten en definitivas y, por tanto, inapelables según el reglamento interno de la Cámara legislativa.
Es improrrogable y común a todas las formas de amparo que el solicitante debe justificar la especial relevancia constitucional del recurso interpuesto. Se trata de una exigencia que no puede confundirse con el propio fundamento de la vulneración constitucional denunciada, por lo que la carga de justificar la especial relevancia constitucional del recurso es algo diferente a la de argumentar sobre la existencia de una vulneración de un derecho fundamental el acto o resolución impugnada.
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La Base de Datos Constitucional sobre la Igualdad de Género es un repositorio de disposiciones relacionadas con la igualdad de género en 194 constituciones de todo el mundo. La base de datos se ha actualizado en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) y con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y el Gobierno de Japón.
a) Por el Presidente de la República, respecto a cualquier norma contenida en un tratado o acuerdo internacional que le sea remitido para su ratificación, así como respecto a cualquier disposición legislativa que le haya sido remitida para su promulgación como ley, decreto legislativo o decreto-ley;
b) Por, al menos, quince Diputados en pleno ejercicio de sus funciones o por el Primer Ministro respecto de cualquier norma contenida en un acto legislativo remitido al Presidente para su promulgación como ley, previa aprobación por mayoría cualificada.
1. Toda persona tendrá derecho a solicitar del Tribunal Constitucional, mediante recurso de amparo, la tutela de sus derechos, libertades y garantías fundamentales constitucionalmente reconocidos, en los términos de la ley y de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes:
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1. Toda persona tendrá derecho a solicitar del Tribunal Constitucional, mediante recurso de amparo, la protección de sus derechos, libertades y garantías fundamentales constitucionalmente reconocidos, en los términos de la ley y de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes:
a) La acción de amparo sólo podrá interponerse contra actos u omisiones de los poderes públicos, que resulten lesivos de los derechos, libertades y garantías fundamentales, una vez agotados los demás medios de impugnación ordinarios;
a) Por el Presidente de la República, respecto de cualquier norma contenida en un tratado o acuerdo internacional que le sea remitido para su ratificación, así como respecto de cualquier disposición legislativa que le haya sido enviada para su promulgación como ley, decreto legislativo o decreto-ley;
b) Por, al menos, quince Diputados en pleno ejercicio de sus funciones o por el Primer Ministro respecto de cualquier norma contenida en un acto legislativo remitido al Presidente para su promulgación como ley, previa aprobación por mayoría cualificada.
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El amparo, generalmente concedido por un tribunal supremo o constitucional, tiene una doble finalidad protectora: protege al ciudadano y sus garantías básicas, y protege a la propia Constitución al asegurar que sus principios no sean violados por leyes o acciones del Estado que atenten contra los derechos básicos consagrados en ella. Se asemeja, en algunos aspectos, a los recursos constitucionales como la tutela disponible en Colombia, el mandato de seguridad (Mandado de Segurança) en Brasil y el procedimiento de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde) que se encuentra en Alemania.
En muchos países, la acción de amparo tiene por objeto proteger todos los derechos que no están protegidos específicamente por la constitución o por una ley especial con rango constitucional, como el derecho a la libertad física, que puede protegerse en cambio mediante recursos de habeas corpus. Así, del mismo modo que el habeas corpus garantiza la libertad física, y el “habeas data” protege el derecho a mantener la integridad de los datos personales, el amparo protege otros derechos básicos. Por lo tanto, puede ser invocado por cualquier persona que considere que se está violando alguno de sus derechos, implícita o explícitamente protegidos por la constitución, otra ley (o por los tratados internacionales aplicables).