Reclamación económicoadministrativa

¿es el estado administrativo coherente con el estado de derecho?

Orden Eha/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General…

Idioma original Título: Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General …

La disposición adicional de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, autorizó la «utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en las reclamaciones económicas y administrativas», incluyendo (a) una serie de especificaciones y la previsión en el apartado cuarto de que «el Ministro de Hacienda regulará los aspectos necesarios para la aplicación de estas medidas y establecerá los registros telemáticos a realizar».

La disposición adicional del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión por vía administrativa. reitera dicha calificación y dispone que la remisión de los expedientes administrativos prevista en el propio Reglamento se realice mediante la puesta a disposición del expediente electrónico.

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Los antecedentes del primer caso son una entidad española que paga intereses a su holding holandés, que está controlado por una entidad situada en la isla caribeña de Curaçao, que a su vez está controlada por una entidad de Andorra, propiedad de una persona también residente en Andorra. El artículo 14.1.c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes establece que los residentes en otro Estado de la UE están exentos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Por lo tanto, la entidad española no retuvo el impuesto. Sin embargo, la Administración Tributaria española consideró que, al no ser el beneficiario efectivo residente en un Estado miembro de la UE, esta exención no podía aplicarse. En concreto, las autoridades fiscales basaron su decisión en la aplicación de la Directiva 2003/49/CE relativa a los pagos de intereses y cánones entre entidades de distintos Estados miembros, que incluye el concepto de «beneficiario efectivo».

Esta interpretación no fue compartida por las entidades, que presentaron una reclamación contra la resolución de la Agencia Tributaria española argumentando que la cláusula de titularidad efectiva no está prevista por la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en estos casos. Por tanto, considerando que la titularidad real no está regulada específicamente en la legislación nacional española, no puede aplicarse a través de una Directiva que no ha sido transpuesta.

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La disposición adicional octava del RDL 11/2020 ha aclarado las dudas sobre el cómputo de plazos que habían surgido tras la publicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma.

Las nuevas reglas establecidas por el Gobierno serán aplicables al cómputo del plazo en el que el interesado (i) interponga un recurso administrativo o (ii) inicie cualquier otro procedimiento de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje que pueda tener efectos adversos o tributarios.

En estos casos, el Gobierno ha decidido que los plazos no se reanudarán, sino que se reiniciarán. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo transcurrido desde la notificación del acto administrativo objeto de recurso o impugnación anterior a la declaración del estado de alarma.

Por tanto, el levantamiento del estado de alarma provocará el inicio del cómputo de nuevo, sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo recurrido o impugnado. El cómputo se realizará a partir del día siguiente al levantamiento del estado de alarma, con independencia de la fecha anterior de notificación, siempre que el plazo no haya expirado antes del 13 de marzo.

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