Real decretoley 5 de 9 de diciembre

Real decretoley 5 de 9 de diciembre

Eurydice

– Enseñanzas no universitarias- Oferta educativa- Titulaciones y convalidaciones académicas- Personal académico y equipos directivos- Centros educativos- Administración educativa del Estado (Ministerio de Educación)- Autoridades educativas de las Comunidades Autónomas- Órganos consultivos- Becas y ayudas económicas para el alumnado- Acceso a la Universidad- Recopilaciones de legislación educativa- Universidad- Empleo- Plan de choque por el empleo juvenil 2019-2021- Sistema Nacional de Garantía Juvenil- Sistema Nacional de Empleo- Sistema de Formación Profesional para el Empleo- Cartera de servicios comunes- Políticas de empleo
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo Nacional para los centros docentes privados de régimen general o reglado sin nivel de financiación pública (SOG 11-7-2018)

La educación infantil en españa

La disposición adicional cuarta de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de los Residentes, en la redacción dada por la disposición final decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, dispone que el Gobierno elaborará y aprobará en el plazo de 15 meses los textos refundidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades.
La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 10 de diciembre de 1998, respondió a la necesidad de establecer una norma que (i) la tributación de los no residentes en el impuesto sobre la renta, tradicionalmente conocida como sujeta a una «obligación real de contribuir», debido a la creciente internacionalización de las relaciones económicas y a la progresiva integración de España en la Unión Europea.
(a) La Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, que incorporó un nuevo artículo a la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, sobre la deducción de los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando un contribuyente adquiere su condición de cambio de residencia y modificó la redacción del cálculo de la base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales.

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Información general | Medidas fiscales – directas e indirectas | Medidas relacionadas con el empleo | Medidas de estímulo económico | Medidas aduaneras | Medidas para aliviar el bloqueo | Otras medidas y fuentes
Promover y apoyar la concesión de nueva financiación a los trabajadores autónomos y a las empresas principalmente para que puedan acometer nuevas inversiones en España, con el fin de adaptar, ampliar o renovar su capacidad productiva y de servicios, o para reanudar su actividad o reabrir sus negocios (*).
El Gobierno y las entidades financieras se enfrentan a la posibilidad de que, una vez concedidas estas facilidades, las empresas no puedan, como consecuencia de los nuevos brotes, devolver los préstamos recibidos, por lo que están estudiando los mecanismos disponibles para ampliar el plazo de las facilidades ICO y ofrecer aplazamientos.

Sistemas educativos eurydice

El Real Decreto-Ley 5/2021 desarrolla nuevas medidas destinadas a proporcionar liquidez a autónomos y empresas. Entre las novedades, destaca la que menciona la consideración de créditos con garantía pública en el marco de una posible insolvencia futura, regulada en el artículo 16.
Además de las dotaciones de fondos mencionadas en el párrafo anterior, el RDL 5/2021 también introduce una serie de medidas en el ámbito concursal y preconcursal que consideramos de interés, ya que afectan a los créditos con garantía pública y que son objeto de análisis en este artículo.
En este sentido, estas entidades de crédito serán las encargadas de ejercer las acciones de recuperación de los créditos y garantías, incluyendo la formulación de acciones y reclamaciones, tanto extrajudiciales como judiciales, en nombre y por cuenta del Estado. A pesar de esta delegación de facultades en las entidades de crédito, debe tenerse en cuenta que estas entidades de crédito no estarán autorizadas para decidir unilateralmente sobre la concesión de aplazamientos, fraccionamientos y reducciones de los créditos afectados, debiendo obtener necesariamente la autorización previa del Estado a través del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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