Real decreto ley 7 noticias juridicas

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El Periodic d’Andorra ha publicado este artículo de opinión escrito por Laura Nieto, socia de la Firma. Ofrece su opinión sobre la introducción de nuevos modelos de financiación alternativa, en particular las plataformas de crowdfunding, en el mercado financiero andorrano.
El grupo de práctica inmobiliaria de Cases&Lacambra le ofrece el último boletín informativo en relación con el Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas de fomento de la rehabilitación y modernización de establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía.
El grupo de práctica fiscal de Cases&Lacambra le ofrece las últimas novedades en materia fiscal y las sentencias más relevantes de los principales tribunales españoles y europeos y las principales resoluciones de la Dirección General de Tributos.
Artículo de opinión escrito por Elena Redondo, socia de la Firma, en relación con el nuevo proyecto de ley de contratación pública que pretende mejorar los servicios prestados a los ciudadanos y aumentar la competitividad de las empresas andorranas, publicado por El Periodic d’Andorra.
Contribución de Daniel Tienda y Juan Moncada, socio y asociado director del grupo de práctica de Real Estate; Toni Barios, socio del grupo de Mercados y Servicios Financieros y David Navarro, socio del grupo de Fiscalidad de la Firma, para la Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2021, con el capítulo de España.

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El Gobierno español ha publicado el Real Decreto-ley 7/2021, que (entre otros aspectos) modifica la legislación española vigente en materia de protección de los consumidores para incluir las disposiciones de las Directivas 2019/770 y 2019/771. No obstante, algunas de las modificaciones propuestas pueden ir más allá de lo establecido en las citadas Directivas (por ejemplo, en relación con las garantías).
La aplicación de las Directivas 2019/770 y 2019/771 (respectivamente, sobre contratos de contenidos y servicios digitales y sobre venta de bienes) se inició en España por el procedimiento legislativo ordinario mediante una consulta pública en enero de 2020. Este esfuerzo legislativo tuvo que ser interrumpido por la necesidad del Gobierno de responder al impacto causado por la pandemia. En este sentido, y con el fin de evitar sanciones por la tardía transposición de estas y otras Directivas al ordenamiento jurídico español, el Gobierno publicó el 28 de abril el Real Decreto-ley 7/2021 (el RDL) por el procedimiento de urgencia. Así, el RDL incluye modificaciones en la legislación española de protección de los consumidores que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022.

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El Gobierno español ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley que incorpora novedades esenciales en el ámbito de la vivienda y el alquiler, como la duración de los contratos de arrendamiento, la forma de actualizar el contrato y la limitación de las garantías adicionales a la fianza. No obstante, habrá que determinar si es ratificado o no por el Congreso de los Diputados (actualmente la Comisión Permanente), ya que si no se convalida quedará derogado y se volvería a aplicar la normativa vigente, anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.
Transcurridos dos meses y medio desde la publicación del Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, que finalmente fue derogado por el Congreso de los Diputados, el Gobierno de España intenta de nuevo regular la materia de vivienda y arrendamiento a través del nuevo Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo.
Los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma seguirán rigiéndose por la normativa vigente en la fecha de su celebración. No obstante, el Real Decreto-Ley permite a las partes pactar que los contratos preexistentes se rijan también por él, es decir, es como si se tratara de un contrato celebrado con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.

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El Real Decreto Ley 7/2018, aprobado en julio de 2018, reconoce el acceso al Sistema Nacional de Salud como un derecho fundamental de toda persona en España. La ley modifica la legislación anterior (Real Decreto Ley 16/2012) que excluía a los inmigrantes en situación irregular del acceso al Sistema Nacional de Salud.
Aprobado bajo el Gobierno de Rajoy en abril de 2012, el anterior Real Decreto Ley 16/2012 restringía el acceso al Sistema Nacional de Salud al vincular el derecho a la asistencia a la cotización a la Seguridad Social, una práctica directamente vinculada al empleo formal. Sin acceso a permisos de trabajo, los inmigrantes en situación irregular no podían cotizar a la Seguridad Social y, por tanto, no podían acceder al Sistema Nacional de Salud. Aunque se establecían excepciones para los menores, las mujeres embarazadas y la atención de urgencias, muchos inmigrantes han quedado excluidos del Sistema Nacional de Salud en España desde 2012.
El nuevo Real Decreto Ley 7/2018 elimina así el requisito de cotización a la Seguridad Social y devuelve el acceso al Sistema Nacional de Salud a la situación anterior a 2012. La nueva ley asegura que todos los inmigrantes en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Según ha indicado el Ministerio de Sanidad, el Real Decreto Ley 7/2018 es el resultado de un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas de España, las sociedades científicas y la sociedad civil. La ley también responde a las demandas planteadas por organismos internacionales como la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud.

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