Real decreto legislativo 12008

Real decreto legislativo 12009

Si en su país la ratificación del Código da fuerza de ley nacional a sus términos, sírvase indicar en virtud de qué disposiciones constitucionales la ratificación ha tenido este efecto. Sírvase especificar también qué medidas se han adoptado para hacer efectivas las disposiciones del Código que exigen que una autoridad nacional adopte ciertas medidas específicas para su aplicación, tales como medidas para definir su alcance exacto y la medida en que pueden aprovecharse las excepciones permisivas previstas en relación con cada parte del Código, y para establecer o supervisar los diversos organismos financieros o técnicos encargados de la administración de las prestaciones estipuladas.
La Constitución Española de 1978 recoge los derechos relativos a la Seguridad Social en el Capítulo III, Título I, dedicado a los principios rectores de la política social y económica. En concreto, el artículo 41 se refiere expresamente a la Seguridad Social de la siguiente manera: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes en situaciones de penuria, especialmente en caso de desempleo. Las ayudas y prestaciones complementarias serán opcionales».

Real decreto legislativo 12108

En segundo lugar, siguiendo el mandato del legislador, se han incorporado al texto las disposiciones vigentes en materia de captación de financiación privada para la ejecución de los contratos públicos. Por un lado, en cuanto al contrato de concesión de obra pública, se han integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en el todavía vigente Capítulo IV del Título V del Libro II, entendiendo por tales los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que por esta disposición queda derogado en su totalidad. Por otro lado, el contrato de colaboración público-privada incluye en el texto las previsiones contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, incluidas las relativas a la colaboración público-privada bajo fórmulas institucionales.
En consecuencia, se ha ajustado la numeración de los artículos y, por tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia que ha sido aprovechada, en virtud de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores sufridos en el texto original. Asimismo, se ha revisado la parte final de la Ley, eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus modificaciones.

Real decreto legislativo 12008 significado

16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro del tipo que está obligado a incluir un recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene derecho a concertar la cobertura de riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que cumpla las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Por el que se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, por el que se regularizan, aclaran y armonizan las disposiciones legales aplicables el Real Decreto Legislativo 1/1996, de abril
de la Ley de Propiedad Intelectual, que supone la incorporación al derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, relativa a la protección de la propiedad intelectual aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea y a los pertenecientes al Espacio Económico Europeo.
fiscal previsto en el Capítulo VIII del Título VII y en la Disposición Adicional Segunda del citado Texto Refundido en relación con el aumento de capital mediante la aportación no dineraria de las acciones de Compass.

Real decreto legislativo 12006

Pero sólo cinco años después, en 1997, el legislador ya advierte la procedencia, ante la creciente incidencia de los puertos en la economía española, de una adaptación parcial del modelo de organización portuaria a las circunstancias de un entorno cambiante, cada vez más abierto y libre, cifrando dicha adaptación en la profundización de la autonomía funcional y de gestión de las Autoridades Portuarias, al promover el desarrollo de una organización profesionalizada, ágil y adecuada a las peculiaridades de cada puerto, capaz en todo caso de garantizar la prestación de servicios eficientes y eficaces y el desarrollo de su actividad con criterios empresariales. Lo que no obsta, en el contexto de la organización territorial del Estado y de la incidencia económica y social que para las Comunidades Autónomas tienen los puertos de interés general ubicados en su territorio, a una más intensa participación de éstos en la estructura organizativa de las Autoridades Portuarias, sin perjuicio de la necesaria y eficaz coordinación de todo el sistema portuario; extremo éste, cuya actualidad no puede dejar de señalarse.

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