Real decreto alquiler

Registro del contrato de arrendamiento

Esta situación de FUERZA MAYOR, sin duda, tiene el carácter de imprevisible e inevitable, además de involuntaria ya que ha sido «impuesta» por el Gobierno de la nación en beneficio del interés general como es la Salud Pública.    Cuando ambas partes pactaron el contrato de arrendamiento de un local o vivienda, ninguna de ellas podía imaginar que sería conveniente regular los efectos del contrato en caso de Fuerza Mayor, y mucho menos imaginar que se encontrarían en la situación de una Pandemia Mundial. No obstante, es posible que en algunos contratos de arrendamiento se hayan estipulado las consecuencias del incumplimiento del contrato por una u otra parte por causa de Fuerza Mayor, en cuyo caso las partes deberán cumplir las cláusulas voluntariamente pactadas, ya sean efectos de resolución o modificaciones del contrato (suspensión del pago del alquiler, aplazamiento o reducción del importe, por ejemplo).
En el caso de que no se hubiera pactado nada, habrá que atender a las posibles consecuencias del caso de Fuerza Mayor en función de si el contrato de arrendamiento es de vivienda o de uso como local comercial, o de uso como vivienda habitual.

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De acuerdo con la fuente de la Municipalidad de Mascate, el siguiente es el artículo relativo a la ley de bienes raíces de Omán en relación con la modificación de algunas normas que organizan la relación entre los propietarios de locales residenciales, comerciales e industriales y el registro de sus contratos de arrendamiento emitidos en virtud del Real Decreto No: 6/89 Ordenanza Local No: 72/2008
Después de examinar el aparato general del Estado emitido en virtud del Real Decreto nº: l0l/96, y el Real Decreto nº: 6/98 relativo a la organización de las relaciones entre los arrendadores de locales residenciales, comerciales e industriales y el registro de los contratos de arrendamiento sobre los mismos,
Artículo primero: Las modificaciones anexas a las normas que regulan las relaciones entre los arrendadores de locales residenciales, comerciales e industriales y el registro de los contratos de arrendamiento relativos a los mismos, dictadas en virtud del Real Decreto nº 6/96 antes mencionado.
Artículo tercero: El Consejo de Ministros adopta las medidas necesarias para promover la inversión inmobiliaria con el fin de crear el equilibrio necesario entre la oferta y la demanda y permitir a los ciudadanos con ingresos medios y limitados adquirir una residencia adecuada.

Contrato de alquiler omán

Las definiciones de personas y unidades en riesgo de exclusión residencial y de grandes titulares son las de la Ley 24/2015 (ver aquí). Los servicios sociales de la administración pública correspondiente son los encargados de verificar si una persona o unidad cumple los requisitos para ser considerada en riesgo de exclusión residencial.
Además, los Mossos y la Policía Local están obligados a informar a los servicios sociales y al Ministerio Fiscal si reciben una denuncia solicitando la adopción de una medida cautelar de desalojo contra personas o unidades que puedan estar en riesgo de exclusión.
Además de lo anterior, el Parlamento de Cataluña convalidó en la tarde de ayer el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, que establecía la obligatoriedad de descuentos en el alquiler de locales comerciales. Puede ver aquí más detalles sobre estos descuentos, que están en vigor desde el 22 de octubre.

Usufructo ománico

Se suspenden los procedimientos de desahucio derivados de los arrendamientos de vivienda habitual. Para la aplicación de esta medida, el arrendatario deberá acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida. La suspensión se concederá por un periodo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de este RD-ley en el BOE, es decir, desde el 2 de abril hasta el 2 de octubre de 2020
1.- A petición del arrendatario, aquellos contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos podrán ser prorrogados, y que en el plazo que va desde la entrada en vigor de este real decreto-ley (2 de abril) hasta el día en que se cumplan dos meses desde la finalización del estado de alarma, finaliza el plazo de prórroga obligatoria o tácita del contrato.
2.- El arrendador debe ser un «gran tenedor» de inmuebles (10 o más en alquiler, se excluyen garajes y trasteros y poseer más de 1.500 m2), así como empresas o entidades públicas de vivienda que tengan dicha consideración de «gran tenedor».
3.- Solicitud de moratoria por parte del inquilino en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma (del 2 de abril al 2 de mayo), que deberá estar en situación de vulnerabilidad económica según el art. 5 Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, cumpliendo todos los requisitos establecidos en su art. 6.

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