Prision preventiva y prision provisional

detención ilegal

La detención preventiva (en adelante DPT) es un concepto intrínsecamente problemático. Detener obligatoriamente a una persona que (aún) no ha sido condenada por un delito entra en claro conflicto con el derecho a la libertad (art. 5(1) del CEDH) y la presunción de inocencia (art. 48(1) del TCE; art. 6(2) CEDH, Art. 14(2) DEL PIDCP). De ello se desprende que la DPT debe basarse en una detención legal y debe ser siempre una medida excepcional, que sólo debe utilizarse (i) cuando pueda justificarse por razones objetivas; (ii) si no existen otros medios menos intrusivos o eficaces para lograr su objetivo; y (iii) durante un período de tiempo razonable. La excepcionalidad de la DPT se refleja en las leyes penales de los Estados miembros de la UE, que especifican los criterios y procedimientos para su uso, los requisitos de supervisión periódica, la revisión judicial y la prioridad en la programación del juicio. Las medidas de este tipo pretenden garantizar que la DPT se utilice con moderación, pero las investigaciones demuestran que no siempre se respetan.1
Haciendo hincapié en la necesidad de que la UE actúe en vista de las evidentes deficiencias, los abogados penalistas y sus organizaciones, como la Asociación Europea de Abogados Penalistas (ECBA), han destacado lo siguiente: 36

procedimiento de prisión preventiva

En un trabajo anterior, hemos mantenido una postura crítica ante la falta de armonización de la prisión preventiva en la legislación de la UE[2] La reticencia de la UE a abordar la prisión preventiva es desconcertante. Es cierto que la cuestión de si la UE tiene competencia para establecer normas comunes en este ámbito en virtud del art. Sin embargo, la demanda de establecer normas a nivel de la UE es cada vez mayor. Los estudios empíricos destacan críticamente un uso excesivo de esta medida a nivel nacional[4] A raíz del caso Aranyosi, un uso generalizado y prolongado de la prisión para personas no condenadas podría plantear problemas de confianza mutua, como se afirma en el último informe de evaluación sobre la orden de detención europea realizado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo[5] No es de extrañar que el Parlamento Europeo haya pedido que se tomen medidas en relación con la prisión preventiva[6] Incluso el Abogado General Pitruzzella advirtió que «el legislador de la UE debe abordar urgentemente la cuestión de la armonización, por mínima que sea, de la prisión preventiva, ya que, en última instancia, es el espacio europeo de justicia penal el que está amenazado»[7] Sin embargo, la Comisión (ni los Estados miembros) no han tomado hasta ahora ninguna iniciativa, con la única excepción de un Libro Verde más bien interlocutorio[8] Dentro de este vacío legislativo, la Comisión no ha permanecido inactiva. Sin embargo, ha limitado sus iniciativas a acciones poco controvertidas, como la financiación de proyectos relevantes para mejorar las condiciones de detención

en prisión preventiva y declarado inocente

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La prisión preventiva, también conocida como detención preventiva, prisión preventiva o detención provisional, es el proceso de detener a una persona hasta su juicio después de que haya sido detenida y acusada de un delito. Una persona en prisión preventiva se encuentra en una cárcel o centro de detención o en arresto domiciliario. Sin embargo, en Estados Unidos, el término «prisión preventiva» es poco frecuente, excepto en los documentos oficiales, y «mantenido en custodia hasta el juicio» se utiliza en los medios de comunicación e incluso por los jueces y abogados al dirigirse al público. La detención antes de la acusación se denomina custodia y la continuación de la detención después de la condena se denomina encarcelamiento.

cuáles son los derechos de un detenido

La prolongada detención de presos sin sentencia tiene su origen en dos fenómenos comunes: la denegación de la libertad provisional a los acusados de delitos y la excesiva duración de los procesos penales. Ambos ingredientes violan por sí mismos las normas internacionales de derechos humanos, pero combinados constituyen una grave afrenta a la justicia.
En consonancia con la presunción de inocencia, normalmente se debe conceder a los acusados la libertad en espera de juicio. Articulando este principio, el artículo 9(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en su parte pertinente que «No será la regla general que las personas en espera de juicio permanezcan detenidas, sino que su puesta en libertad podrá estar sujeta a garantías de comparecencia en el juicio». Al interpretar esta disposición, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que la detención antes del juicio sólo debe utilizarse en la medida en que sea legal, razonable y necesaria. La necesidad se define de forma estricta: «para evitar la fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito» o «cuando la persona en cuestión constituya una amenaza clara y grave para la sociedad que no pueda ser contenida de ninguna otra forma.» (1) La ponderación de los criterios pertinentes para determinar la necesidad requiere una determinación individualizada.

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