Prision permanente revisable ley

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La Audiencia Nacional española condenó el miércoles a 21 personas por delitos relacionados con los atentados de 2004 en los trenes de Madrid, entre ellos tres hombres que fueron declarados culpables de asesinato en masa y de tentativa de asesinato. Los tres fueron condenados a entre 34.000 y 43.000 años de cárcel cada uno. ¿Cómo llegó el tribunal a esa pena?
Se han contabilizado todas las víctimas. La pena máxima en España por asesinato es normalmente de 15 a 20 años, pero puede llegar a 30 años si el asesinato fue parte de un acto terrorista. Dos de los tres, Otman el-Gnaoui y Jamal Zougam, fueron condenados a 30 años por cada una de las 191 personas asesinadas, es decir, 5.730 años en total. También se les impusieron 20 años por cada uno de los 1.856 heridos, lo que sumó 37.120 años; los cargos relacionados, como «carnicería terrorista», supusieron aún más tiempo.
A pesar de las grandes cifras, ninguno de los terroristas cumplirá más de 40 años entre rejas, ya que esa es la pena máxima permitida por la legislación española. Este castigo puede parecer leve si se compara con el de Estados Unidos, donde se puede condenar a muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional. En España, el límite de 40 años sólo se aplica a los casos de terrorismo; por lo demás, el máximo suele ser de 30 años.

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El cumplimiento de una pena de prisión permanente revisable será compatible con el disfrute de permisos penitenciarios por parte del reo, según dijo ayer el ministro de Justicia, Rafael Catala. «La concesión de beneficios penitenciarios en el cumplimiento de la condena no es incompatible con una pena de prisión permanente revisable», dijo Catala en una entrevista con Europa Press, ya que estas condenas relacionadas con los delitos más graves, suponen «la revisión resocializadora del condenado, pero no impide la aplicación de los beneficios penitenciarios que se aplican cuando ha transcurrido el primer tercio de su condena, que se revisa a los 25 años».
La revisión de la pena «se producirá en los plazos establecidos para cada tipo de condena por los tribunales competentes», y la decisión dependerá exclusivamente de esos jueces, no de la administración penitenciaria ni del Ministerio de Justicia.
Catala también insistió en que la prisión permanente revisable no es algo innovador, ya que esta figura existe en toda la Unión Europea, implantada en algunos casos por gobiernos socialistas. Además, recordó que cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha juzgado la constitucionalidad de la prisión permanente revisable británica, «ha reconocido que se ajusta a los tratados internacionales, a las normas de Naciones Unidas» y, por tanto, el Gobierno está «razonablemente tranquilo» sobre la solicitud al Tribunal Constitucional.

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La cadena perpetua en España fue introducida por la Ley Orgánica 1/2015 en marzo de 2015, con efecto desde el 1 de julio de 2015[1] La pena es revisable, por lo que se denomina oficialmente «prisión permanente revisable».
La cadena perpetua se había introducido previamente en 1822 como pena de trabajos forzados de por vida, y en 1848 se revisó como cadena perpetua. En 1870, se reformó para permitir la posibilidad de libertad condicional después de 30 años; en esta época todos los presos a perpetuidad eran detenidos en el norte de África o en las Islas Canarias[2].
En 1928, la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera suprimió la cadena perpetua, aunque se mantuvo la pena de muerte. La pena capital se mantuvo bajo el mandato de Francisco Franco, y la pena máxima de prisión era de 30 años[2]. Tras la transición española a la democracia, se abolió la pena de muerte y la pena máxima de prisión se mantuvo en 30 años hasta noviembre de 2003, cuando el gobierno conservador de José María Aznar la aumentó a 40 años para los terroristas condenados[2][3].

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Los avances tecnológicos también trajeron cambios significativos, así como la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias con un modelo funcional versátil introducido por el Reglamento Penitenciario de 1996 (Real Decreto 190/96 de 9 de febrero).
JT: A pesar de las inversiones realizadas en el sistema penitenciario español en los últimos años, quizá uno de los retos más difíciles sigue siendo la falta de profesionales, que tiende a producir un aumento de la conflictividad social dentro de los centros penitenciarios.
De hecho, las cifras muestran que entre 2011 y 2016 se produjeron más de 2.200 agresiones a funcionarios de prisiones. Al mismo tiempo, los sindicatos afirman que hay 3.500 nuevas plazas por cubrir en los próximos cuatro años, además de las plazas de reposición anuales (Fuente: Diario «El País», 10 y 29 de agosto de 2017).
AYC: Esta información es sólo parcialmente cierta. Con frecuencia se intenta argumentar sobre un clima de conflictividad en los centros penitenciarios, pero contamos con profesionales altamente cualificados, una estructura moderna que permite una adecuada separación de los internos, un procedimiento claro y preciso que regula las medidas de seguridad para hacer frente a situaciones conflictivas, así como una ratio de ocupación que ha ido mejorando y consolidándose con el tiempo.

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