Prision permanente revisable años

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El cumplimiento de una pena de prisión permanente revisable será compatible con el disfrute de permisos penitenciarios por parte del reo, según dijo ayer el ministro de Justicia, Rafael Catala. «La concesión de beneficios penitenciarios en el cumplimiento de la condena no es incompatible con una pena de prisión permanente revisable», dijo Catala en una entrevista con Europa Press, ya que estas condenas relacionadas con los delitos más graves, suponen «la revisión resocializadora del condenado, pero no impide la aplicación de los beneficios penitenciarios que se aplican cuando ha transcurrido el primer tercio de su condena, que se revisa a los 25 años».

La revisión de la pena «se producirá en los plazos establecidos para cada tipo de condena por los tribunales competentes», y la decisión dependerá exclusivamente de esos jueces, no de la administración penitenciaria ni del Ministerio de Justicia.

Catala también insistió en que la prisión permanente revisable no es algo innovador, ya que esta figura existe en toda la Unión Europea, implantada en algunos casos por gobiernos socialistas. Además, recordó que cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha juzgado la constitucionalidad de la prisión permanente revisable británica, «ha reconocido que se ajusta a los tratados internacionales, a las normas de Naciones Unidas» y, por tanto, el Gobierno está «razonablemente tranquilo» sobre la solicitud al Tribunal Constitucional.

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La cadena perpetua en España fue introducida por la Ley Orgánica 1/2015 en marzo de 2015, con efecto a partir del 1 de julio de 2015[1] La pena es revisable, por lo que oficialmente se denomina «prisión permanente revisable».

La cadena perpetua se había introducido previamente en 1822 como pena de trabajos forzados de por vida, y en 1848 se revisó como cadena perpetua. En 1870, se reformó para permitir la posibilidad de libertad condicional después de 30 años; en esta época todos los presos a perpetuidad eran detenidos en el norte de África o en las Islas Canarias[2].

En 1928, la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera suprimió la cadena perpetua, aunque se mantuvo la pena de muerte. La pena capital se mantuvo bajo el mandato de Francisco Franco, y la pena máxima de prisión era de 30 años[2]. Tras la transición española a la democracia, se abolió la pena de muerte y la pena máxima de prisión se mantuvo en 30 años hasta noviembre de 2003, cuando el gobierno conservador de José María Aznar la aumentó a 40 años para los terroristas condenados[2][3].

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Las sanciones que aplica el Servicio de Prisiones y Libertad Vigilada son Prisión, Supervisión intensiva, Libertad condicional con servicios a la comunidad, Libertad vigilada, Libertad vigilada con servicios a la comunidad, Libertad vigilada con tratamiento por contrato.

La supervisión intensiva con seguimiento electrónico («tagging») es una forma alternativa de cumplir una pena de prisión. El condenado es vigilado las 24 horas del día con la ayuda de un transmisor colocado en el tobillo. Las personas condenadas a un máximo de seis meses de prisión pueden solicitar la supervisión intensiva.

Esta pena se aplica principalmente cuando una persona ha cometido un delito de carácter puntual. Puede combinarse con servicios a la comunidad si el condenado está de acuerdo. Libertad condicionalLa libertad condicional es una pena no privativa de libertad. La libertad condicional dura tres años con supervisión durante el primer año. El mal comportamiento puede dar lugar a la prolongación del período.

El tratamiento por contrato se utiliza sobre todo para los toxicómanos de larga duración cuando existe un vínculo claro entre el abuso y el delito. Se establece un contrato entre el tribunal y el cliente sobre la atención institucional, que puede ser en un hogar o en una clínica abierta.

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