Nulidad intereses de demora

artículo 377 del código de comercio alemán

La Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004 de 29 de diciembre) supone la culminación de un proceso legislativo desarrollado con el fin de adaptar la legislación española al contenido de la Directiva 2000/35/CE y reducir drásticamente los plazos de pago en el ámbito comercial.
Esta Directiva comunitaria, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 29 de junio de 2000 tras una serie de iniciativas comunitarias en la materia, pretende establecer normas comunes de armonización legislativa destinadas a luchar contra la morosidad en el mercado único europeo. Su contenido, aplicable a las operaciones realizadas entre empresas o empresas y autoridades públicas, se centra en determinar los plazos de pago con mayor transparencia y asegurar su cumplimiento efectivo mediante una serie de medidas disuasorias.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley las operaciones con el consumidor final, los pagos realizados mediante cheques, pagarés y letras de cambio o para compensar daños, y las operaciones financieras. Las deudas relacionadas con los procedimientos de insolvencia también se regirán por su legislación especial.

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Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas el 24 de febrero de 2015.#Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE / Comisión Europea.#Recurso de casación – Contrato de concesión de una ayuda financiera comunitaria para un proyecto en el ámbito de la colaboración médica – Decisión de la Comisión de recuperar parcialmente un anticipo abonado – Recurso de anulación – Inadmisibilidad.#Asunto C-506/13 P.
‛Recursos de casación – Recurso de anulación – Medidas recurribles – Redes transeuropeas – Contrato relativo a la ayuda financiera de la Unión Europea para el proyecto «Ward in Hand», celebrado en el marco de un programa de investigación específico en el ámbito de la colaboración médica – Incumplimiento por parte de un beneficiario de la ayuda de sus obligaciones contractuales – Obligación de devolver los anticipos indebidamente percibidos – Nota de adeudo – Acto no recurrible – Acto inseparable de su contexto contractual – Inadmisibilidad del recurso de anulación – Reconvención de la Comisión – Orden de exigir al beneficiario la devolución de las cantidades indebidas – Intereses de demora».

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Catedrático de Derecho contractual y director del Instituto de Derecho Europeo y Comparado, Universidad de Oxford, y tutor de Derecho, Christ Church, Oxford; profesor de Derecho privado angloamericano, Universidad de Leiden
Art. 1125. – Los medios electrónicos pueden utilizarse para poner a disposición las estipulaciones contractuales o la información sobre los bienes o servicios.7Art. 1126. – La información solicitada con vistas a la celebración de un contrato o facilitada durante su ejecución podrá enviarse por correo electrónico si el destinatario ha aceptado que se utilice este medio.Art. 1127. – La información destinada a un empresario o profesional9 podrá dirigirse a éstos por correo electrónico siempre que hayan comunicado su dirección electrónica.Si la información debe figurar en un formulario, éste deberá ponerse a disposición de la persona que deba cumplimentarlo por vía electrónica.Art. 1127-1. – La persona que, con carácter empresarial o profesional, haga una propuesta por medios electrónicos para el suministro de bienes o servicios,10 deberá poner a disposición las estipulaciones contractuales aplicables de forma que permitan su almacenamiento y reproducción.La persona que emite una oferta queda obligada por ella mientras la haga accesible por medios electrónicos.Una oferta debe establecer además:

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La sentencia nº. 688/2016 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 23 de noviembre de 2016, confirma que dicho plazo máximo de pago establecido en la Ley de Morosidad es de obligado cumplimiento y que las contrapartes no pueden llegar a un acuerdo para superar el plazo de pago de 60 días. Por lo tanto, cualquier acuerdo para pagar a los proveedores después del plazo de 60 días será nulo.
Aunque los plazos de pago se han reducido notablemente, ni la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), ni el plan de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, puesto en marcha por el Gobierno en 2012, han conseguido luchar contra la práctica de fijar plazos abusivos de pago de operaciones comerciales entre empresas, o entre éstas y la Administración, en perjuicio de los acreedores.
A través de esta sentencia, el Tribunal Supremo pretende dar respuesta a la interpretación sobre el plazo de pago establecido en la LLCM, tras los cambios previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la LLCM y la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo; «LMAE».

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