No habra independencia para cataluña

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La condena de nueve líderes independentistas catalanes en un juicio celebrado en 2019 por el Tribunal Supremo de España desencadenó protestas en Cataluña. Fueron condenados por sedición y otros delitos contra el Estado español por su papel en la organización del referéndum independentista catalán de 2017[6].

La comunidad autónoma española de Cataluña tiene un movimiento independentista de larga data, que busca establecer a Cataluña como una república independiente y soberana, rompiendo así con el Reino de España. Un referéndum de autodeterminación catalán no vinculante de 2014 se saldó con una victoria de los partidarios de la independencia catalana (aunque con una participación del 37%), lo que envalentonó a las autoridades catalanas para llevar a cabo el referéndum de independencia catalán de 2017, que consideraron que sería vinculante y tendría como resultado la independencia de Cataluña.

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La Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña contenía la disposición de que, en caso de un resultado a favor de la independencia, ésta debía ser declarada en un plazo de 48 horas después del recuento de todos los votos. El presidente catalán, Carles Puigdemont, lo confirmó el 3 de octubre durante una entrevista exclusiva con la BBC, diciendo que «vamos a declarar la independencia 48 horas después de que se cuenten todos los resultados oficiales»[9].

Tras afirmar que consideraba el referéndum válido y vinculante, Puigdemont optó por utilizar la expresión «asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», antes de añadir que «pediría al Parlamento que suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas podamos emprender un diálogo».

El discurso dejó a los observadores desconcertados, ya que se esforzaron por entender si Puigdemont acababa de declarar la independencia[11][12]. Mientras que algunos comentaristas afirmaron que la independencia acababa de ser declarada y puesta en suspenso,[13][14] otros afirmaron que la declaración de independencia había sido pospuesta[2][15][16][17].

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El referéndum independentista catalán de 2017, también conocido por el numeral 1-O (por «1 de octubre») en los medios de comunicación españoles, fue un referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 en la comunidad autónoma española de Cataluña, aprobado por el Parlamento de Cataluña como Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y convocado por la Generalitat de Cataluña. [2][3][4] Fue declarada inconstitucional[5][6][7] el 7 de septiembre de 2017 y suspendida por el Tribunal Constitucional de España tras un requerimiento del Gobierno español, que la declaró contraria a la Constitución Española. [8][9][10] Además, a principios de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había emitido órdenes a la policía para tratar de impedirlo, incluyendo la detención de varias personas responsables de su preparación.[11][12][13] Debido a las presuntas irregularidades durante el proceso de votación, así como al uso de la fuerza por parte del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, los observadores internacionales invitados por la Generalitat declararon que el referéndum no cumplía con los estándares internacionales mínimos para las elecciones.[14][15][16]

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Sánchez descartó con firmeza la posibilidad de una votación durante una sesión plenaria en el Parlamento el miércoles, tras explicar el razonamiento del Gobierno para conceder el indulto a nueve líderes separatistas catalanes condenados la semana pasada.

«No habrá referéndum de autodeterminación a no ser que sus defensores consigan convencer a tres quintas partes de esta Cámara para modificar el artículo 2 de la Constitución y los españoles ratifiquen esa modificación a través de un referéndum», dijo.

Sánchez admitió que los indultos no ayudan necesariamente a resolver el contencioso, pero argumentó que es evidente que los tribunales no son una solución por sí solos y defendió su decisión como un paso político necesario para la reconciliación, aunque «siempre siguiendo la ley».

También se dirigió a los diputados separatistas, algunos de los cuales han apoyado a su gobierno de coalición, ya que subrayó que los indultos eran sólo de utilidad pública y que los políticos independentistas ahora liberados habían sido condenados por violar la ley.

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