Motivacion del acto administrativo

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El derecho administrativo es la división del derecho que rige las actividades de las agencias administrativas del gobierno. La acción de las agencias gubernamentales puede incluir la elaboración de normas, la adjudicación o la aplicación de un programa normativo específico. El derecho administrativo se considera una rama del derecho público.

El derecho administrativo se ocupa de la toma de decisiones de las unidades administrativas del gobierno como los tribunales, las juntas o las comisiones que forman parte de un esquema regulador nacional en áreas como la ley de policía, el comercio internacional, la fabricación, el medio ambiente, la fiscalidad, la radiodifusión, la inmigración y el transporte.

El derecho administrativo se expandió enormemente durante el siglo XX, ya que los órganos legislativos de todo el mundo crearon más organismos gubernamentales para regular las esferas sociales, económicas y políticas de la interacción humana.

Razones para el crecimiento del derecho administrativo

En general, es una buena práctica administrativa motivar todas las decisiones. La Constitución dice que la administración debe rendir cuentas de su uso del poder público. Esto significa poder explicar las decisiones a las personas que se ven afectadas por ellas.

Según la PAJA, los administradores deben motivar su actuación administrativa a la persona que lo solicite. Por supuesto, un administrador puede dar razones inmediatamente con la decisión. A veces esto puede ayudar a resolver posibles conflictos ya desde el principio.

La solicitud de motivación debe hacerse en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que la persona tuvo (o debería haber tenido) conocimiento de la acción administrativa. El administrador debe entonces motivar adecuadamente, por escrito, en un plazo de 90 días.

El administrador debe dar una explicación satisfactoria de los motivos por los que se ha tomado la decisión. Esto no significa que las razones tengan que convencer a la persona de que la decisión fue correcta. Por el contrario, las razones deben ser lo suficientemente detalladas como para explicar por qué se tomó la acción administrativa. No basta con repetir los apartados pertinentes de las disposiciones habilitantes.

Tipos de acciones administrativas

Capítulo J-3Ley relativa a la justicia administrativaJUSTICIA ADMINISTRATIVA12Diciembre 16 199609Septiembre 24 19971. La presente ley tiene por objeto afirmar la especificidad de la justicia administrativa, garantizar su calidad, rapidez y accesibilidad y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.La presente ley establece las normas generales de procedimiento aplicables a las decisiones individuales adoptadas con respecto a un ciudadano. Dichas normas de procedimiento difieren según se trate de una decisión tomada en el ejercicio de una función administrativa o jurisdiccional, y se complementan, si es necesario, con normas especiales establecidas por la ley o bajo su autoridad.Esta ley también instituye el Tribunal Administrativo de Québec y el Consejo de la justicia administrativa.

1996, c. 54, s. 1.TÍTULO I NORMAS GENERALES RELATIVAS A LAS DECISIONES INDIVIDUALES TOMADAS EN RELACIÓN CON UN CIUDADANOCAPÍTULO NORMAS ESPECÍFICAS A LAS DECISIONES TOMADAS EN EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA2. Los procedimientos que conduzcan a una decisión individual que deba adoptar la Administración, de acuerdo con las normas prescritas por la ley, respecto de un ciudadano, se desarrollarán respetando el deber de lealtad.

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La motivación se considera indisolublemente ligada a la justicia natural o al derecho a ser oído con equidad y tiene una importancia fundamental como principio de derecho público. Ha sido descrito por Lord Denning MR en Breen v. AEU [1971] 1 All E.R. 1148, 1154 como «uno de los fundamentos de la buena administración».

De hecho, omitir las razones no sólo es quitarle lo «bueno» a la administración, sino también inculcar una mala administración a la sociedad. La motivación es un requisito fundamental de la equidad y es necesaria para la satisfacción de las partes. Los conceptos de equidad, justicia y razones son intercambiables y uno no puede lograrse sin el otro. La motivación es el vínculo entre la decisión y la mente de quien la toma.

Este artículo esboza la evolución del derecho anglosajón con respecto a la obligación de motivar. En un principio, los Tribunales eran reacios a indagar en lo que se consideraba política administrativa, tal y como se expuso en los casos de finales del siglo XIX The Queen v. Bishop of London (1890) 24 Q.B.D. 213 y Alcroft v. London Bishop (1891) A.C. 666. Los tribunales se adhirieron rígidamente a la posición de que no existía un deber general de motivación. Esta posición se expuso en los casos ingleses de McInnes v. Onslow-Fane (1978) 3 All E.R. 211, R v. Kensington and Chelsea Royal LBC ex p. Grillo (1996) 28 HLR 94 y el caso australiano de Public Service Board of NSW v. Osmond [1987] LRC 681 que se ha descrito como «una oportunidad perdida».

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