Motivación de los actos administrativos

Pol611: introducción a los conceptos de derecho administrativo

44 El hecho de que un acto jurídico no sólo sea el resultado de un procedimiento legislativo o administrativo ordinario, sino que además haya sido aprobado por el electorado del órgano que lo adopta, no cambia su lugar en la jerarquía de las normas. Por lo tanto, el acto debe cumplir con todo el derecho superior. Así, cuando los electores actúan como órganos administrativos del Estado, no están menos obligados a respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales constitucionales que otras autoridades. El principio constitucional de la libertad de voto60 no permite reclamar el reconocimiento del resultado de unas elecciones que vulneren estos derechos.
72 Recomendación CM/Rec(2007)7 sobre la buena administración adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 20 de junio de 2007, en línea: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1155899&Site=CM.

¿qué es un juez de derecho administrativo (alj)? [nº 86]

ResumenEl artículo aborda el tema de la motivación de los actos administrativos, analizado desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial. Si en un principio la motivación se consideraba una mera condición formal del acto administrativo, a raíz de la evolución nacional y europea, doctrinal y jurisprudencial, la motivación se considera ahora como una de las más importantes condiciones de validez del acto administrativo. La motivación de los actos administrativos representa también una manifestación del derecho a la información, sellado por la Constitución rumana, y una dimensión del derecho a una buena administración, estipulado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Discrecionalidad de la agencia administrativa

La jurisdicción administrativa es un asunto delicado: la soberanía del Estado está sujeta al control judicial. En realidad, esto se corresponde con el principio de separación de poderes en su forma original y no adulterada: en su función legislativa, el Estado aprueba leyes; en su función administrativa, aplica estas leyes; y como poder judicial, verifica si la administración cumple o no estas leyes. Así lo aprendimos en la escuela.
Pero no hace falta decir que no es tan sencillo. Esto es inmediatamente obvio si uno mira hacia atrás en la historia. Los tres poderes soberanos no surgieron simultáneamente, sino consecutivamente. El Estado moderno se basó inicialmente en el poder ejecutivo, en el gobierno y la administración. Fue la época del absolutismo. No fue hasta el siglo XIX, tras las grandes revoluciones populares de Estados Unidos y Francia, cuando surgió un poder legislativo elegido democráticamente y asumió gradualmente la primacía apoyado en las libertades civiles, o como diríamos hoy, basado en los derechos básicos y humanos. Es cierto que el poder judicial, como tercer poder soberano, es mucho más antiguo, pero era un mero observador no implicado: se limitaba a la jurisdicción civil y penal; no tenía nada que ver con el ejercicio de la soberanía por parte de la administración del Estado. A lo sumo, concedía una indemnización por daños y perjuicios si el ejercicio de la soberanía era ilegal y además provocaba un perjuicio material. Sin embargo, cualquier control judicial directo de la administración estaba descartado.

Tutorial laws12061 (semana 10): recursos de revisión judicial

El artículo # está motivado por la necesidad de tener en cuenta el papel desempeñado en materia de alimentos por las autoridades administrativas de algunos Estados, que actúan gratuitamente; la misma necesidad se ha observado en el caso de Noruega, y ésta se une, por tanto, a Dinamarca e Islandia, que ya figuraban en la disposición correspondiente del Convenio #.
El artículo 50, apartado 2, está motivado por la necesidad de tener en cuenta el papel desempeñado en materia de alimentos por las autoridades administrativas de algunos Estados, que actúan a título gratuito; se ha observado la misma necesidad en el caso de Noruega, y este país se suma, por tanto, a Dinamarca e Islandia, que ya figuraban en la disposición correspondiente del Convenio de 1988.
87 – La teoría del acte de gouvernement sufrió una importante transformación cuando, en la sentencia de 19 de febrero de 1875, Prince Napoléon (Rec. 155), el Conseil d’État francés abandonó la doctrina del motivo político en la que se había basado en sentencias anteriores (CE, 1 de mayo de 1822, Laffitte, y CE, 9 de mayo de 1867, Duc d’Aumale) como base para declararse incompetente para revisar determinados actos de la administración.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad