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El 23 de mayo entró en vigor el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se reactivan los plazos administrativos y procesales y los de prescripción. A pesar de que el estado de alarma se prolongó hasta el 7 de junio, este Real Decreto acordó el levantamiento de las suspensiones anteriores en los siguientes términos:
De acuerdo con lo anterior, cabe concluir que en relación con los procedimientos judiciales, los plazos procesales normales se reactivarán a partir del jueves 4 de junio, restableciéndose desde cero todo el plazo interrumpido.
Por ejemplo, si de un plazo procesal de diez días, se han consumido ya seis días antes de la declaración del estado de alarma, la reactivación a partir del 4 de junio hará que se vuelva a disponer del plazo completo de diez días.
Como es sabido, el plazo de prescripción es una fecha de referencia para el ejercicio de una acción. Transcurrido este plazo sin que se haya producido ninguna acción, se considera que este transcurso de tiempo implica que la acción no puede ejercerse y está prescrita.

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Los plazos de prescripción se rigen por la Ley de Prescripción de 1957, modificada por la Ley de Prescripción (Enmienda) de 1991 y 2000. Los plazos de prescripción no pueden ampliarse por acuerdo. Sin embargo, la cuestión de si una demanda ha prescrito es una defensa que debe plantear el demandado una vez iniciado el procedimiento. Un tribunal no considerará esta cuestión por su propia voluntad. Un demandado puede verse impedido de invocar la prescripción como defensa si su conducta hace que sea injusto permitirle hacerlo.

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Una de las cuestiones más habituales que nos plantean los clientes a la hora de plantear acciones civiles derivadas de un accidente de tráfico se refiere a la fecha de inicio del plazo de prescripción de dicha acción, por lo que trataremos de arrojar luz sobre esta cuestión, de acuerdo con lo establecido en nuestra jurisprudencia.
En primer lugar, hay que señalar que el plazo de prescripción de las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de un accidente de circulación (acciones civiles extracontractuales) para los accidentes ocurridos en Cataluña es de un (1) año, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable (artículo 7.1 párrafo 2º del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor «TRLRCSCVM»).
A pesar de que el Código Civil de Cataluña, en su artículo 121. 21 D, establece que el plazo de prescripción de las reclamaciones derivadas de la culpa extracontractual es de 3 años, excepcionalmente, es aplicable la ley sectorial citada (TRLRCSCVM), y ello de acuerdo con lo dispuesto, entre otras, en la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 6 de septiembre de 2013, la STSJ de Cataluña, de 4 de diciembre de 2017 (Roj: STSJ CAT 10699/2017), o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de noviembre de 2018 (ROJ: SAP B 10663/2018)).

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La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 establece determinados objetivos de política económica, cuya consecución requiere la aprobación de diversas medidas normativas que permitan una mejor y más eficaz ejecución del programa económico del Gobierno, en los distintos ámbitos en los que desarrolla su acción. Este es el objeto de la presente Ley, que, como en años anteriores, incluye diversas medidas en materia fiscal, social, de personal y de actuación administrativa en distintos ámbitos sectoriales.
Entre las disposiciones que se recogen en esta Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se encuentran las normas tributarias que no tienen habilitación legislativa para su modificación presupuestaria; Esta ley se refiere expresamente a las normas tributarias: «Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social» a los efectos de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Año 2001.
En segundo lugar, por razones técnicas, derivadas de la experiencia de aplicación de las normas tributarias por parte de la Administración y de los contribuyentes, así como del impacto que la jurisprudencia y la doctrina generarán en las normas tributarias. En particular, cabe destacar los nuevos supuestos de exención por compensación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la modificación de determinados aspectos del régimen de fusiones en el Impuesto sobre Sociedades y la equiparación de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes con los tipos de retención existentes para los residentes.

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