Llei 192014 del 29 de desembre de transparència

Tania díaz: el pueblo opositor votó por gente que no lo hacía

Como exigencia de publicidad activa, el funcionamiento transparente de cualquier institución pública implica poner a disposición de los ciudadanos información relevante sobre su organización, gestión financiera y presupuestaria, normas de gobierno y detalles de su actividad. El objetivo de este ejercicio es permitir la evaluación de su desempeño y salvaguardar el ejercicio responsable del poder.
Por ello, se procura publicar la mayor cantidad de información posible y hacerla fácilmente accesible. De acuerdo con la ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, garantizamos que la información esté fácilmente disponible sin más limitaciones que las previstas en la ley. Por ello, le pedimos que compruebe los datos de este portal y de otras secciones de la web para confirmar que puede localizar el material que desea ver.

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El derecho de acceso a la información pública es el derecho que tienen las personas a acceder a la información elaborada por la Administración y a la que obra en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que se facilita a otros sujetos obligados de acuerdo con la ley (artículo 18 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).
Si la solicitud se resuelve favorablemente, de forma expresa o por silencio administrativo, el órgano competente deberá facilitar la información al interesado, preferentemente en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta días. El acceso a la información pública es gratuito, pero la expedición de copias y la conversión a formatos distintos del original puede estar sujeta a una contraprestación económica, que no puede superar el coste de la operación.
Las resoluciones expresas o presuntas podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que las dictó. Estas resoluciones y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición podrán ser objeto de reclamación libre y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), que actúa con plena independencia de la Administración y sin sujeción a instrucciones jerárquicas de ningún tipo. Los interesados también pueden presentar un recurso administrativo o utilizar cualquier otro medio de impugnación o defensa que consideren oportuno.

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El derecho de acceso a la información pública es el derecho cívico de acceso a la información pública. Tiene una doble dimensión: por un lado, es un instrumento para el control democrático de la institución y, al mismo tiempo, desde una perspectiva individual, la información que el ciudadano obtiene es valiosa en sí misma, en la medida en que se refiere tanto a la actividad como a la relación con la institución.
En una sociedad democrática, el derecho de acceso a la información se convierte en un instrumento para aplicar los principios de transparencia y rendición de cuentas a las instituciones y es, por tanto, un requisito para participar en los procesos de gestión y decisión.
La información pública se refiere a la información producida por la Administración que tiene en su poder como consecuencia de su actividad o en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la información que le sea facilitada por otros sujetos obligados a ello de acuerdo con la ley (Art. 2 de la Ley 19/2014). La ley de acceso a la información pública incluye cualquier forma o soporte por el que se haya obtenido o se conserve dicha información.

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