Libertad de empresa constitucion española

constitución española de 1812

23.      Pide a los nuevos Estados miembros que revisen sus políticas económicas a la luz de las conclusiones de la Unión Europea en su revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa; pide que esta revisión se lleve a cabo con el objetivo de promover la creación de una actividad permanente,
23.      Pide a los nuevos Estados miembros que revisen sus políticas económicas a la luz de las conclusiones a las que llegó la Unión Europea en su revisión intermedia de la estrategia de Lisboa; pide que esta revisión se haga con vistas a reforzar la creación de puestos de trabajo
La experiencia internacional indica que el proceso de fortalecimiento de las instituciones de la sociedad para la productividad y el bienestar social debe abarcar invariablemente tres áreas: la provisión suficiente de bienes públicos por parte del Estado, la eficiencia
La experiencia internacional indica que el proceso de fortalecimiento de las instituciones de la sociedad para la productividad y el bienestar social debe abarcar invariablemente tres ámbitos: la provisión suficiente de bienes públicos por parte del Estado, la eficacia de los servicios públicos, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, la libertad de manifestar, por sí mismo o en asociación con otros, y en público o en privado, sus creencias religiosas en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza, y la libertad de disfrutar y promover, por sí mismo o en asociación con otros, su propia cultura y de emplear su propia lengua, la libertad de comprometerse, por sí mismo o en

constitución española 1978 cataluña

Extensión territorial Imperio españolAprobada19 de marzo de 1812Aprobada12 de marzo de 1812Firmada porPresidente de las Cortes de Cádiz174 diputados4 secretariosEn vigor19 de marzo de 1812 (primera vez)1 de enero de 1820 (segunda vez, de facto)1836 (tercera vez, de facto)Derogada4 de mayo de 1814 (primera vez)Abril de 1823 (segunda vez)18 de junio de 1837 (tercera vez)
Cuando el rey Fernando VII volvió al poder en 1814, disolvió las Cortes y derogó la Constitución, restableciendo la monarquía absoluta. La constitución fue restablecida durante el Trienio Liberal (1820-1823) y de nuevo en 1836-1837 mientras los progresistas preparaban la Constitución de 1837. Fue un importante modelo para las constituciones posteriores en España y en Hispanoamérica[5].
Hasta la invasión napoleónica de España en 1808, Fernando VII gobernó como monarca absoluto. Napoleón forzó la abdicación de Fernando, así como la renuncia a los derechos de su padre Carlos IV, y luego colocó a su hermano José Bonaparte en el trono de España.
Buscando crear legitimidad para José I de España, Napoleón convocó a las Cortes, cuyos delegados había seleccionado, para proclamar a José como monarca legítimo. Las Cortes aprobaron entonces la Constitución de Bayona al estilo francés y convocaron unas Cortes con 172 miembros, de los cuales 62 debían ser de Hispanoamérica. Debía haber un Consejo de Estado con una sección para Las Indias, nombre que España siguió utilizando para designar a Hispanoamérica y Filipinas, que estarían bajo el control de españoles nacidos en América y en Filipinas[6] A pesar de estos intentos formales de legitimar el gobierno de José Bonaparte mediante el consentimiento de las Cortes, fue rechazado por los españoles de la península y de Hispanoamérica y Filipinas. Tuvo gran importancia, ya que «desencadenó un proceso que condujo al colapso del imperio español». El régimen napoleónico en Madrid forzó dos cuestiones: la relativa libertad de las colonias para seguir sus propios asuntos, y los derechos de representación en las asambleas imperiales»[7].

qué es la constitución española

El Código Penal español de 1995 tipifica como delito la difusión por cualquier medio de ideas y doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio. Recientemente, el Tribunal Constitucional español, impulsado por un recurso de la Audiencia de Barcelona, se ha pronunciado en la Sentencia 235/2007, de 17 de noviembre, sobre la compatibilidad de este delito con la cláusula de libertad de expresión de la Constitución Española en el marco del enjuiciamiento de un activista neonazi y propietario de una tienda dedicada a la venta y distribución de libros, folletos y panfletos en muchos de los cuales se negaba, trivializaba o justificaba el Holocausto como hecho histórico.
Este artículo, con motivo de la Sentencia del Tribunal Constitucional, se centra en los fundamentos que justifican el análisis de las intersecciones entre la negación del genocidio y la libertad de expresión y busca explicaciones a la sentencia de la mayoría según la cual la simple negación del genocidio queda bajo el paraguas de la libertad de expresión y sólo pueden ser sancionadas las manifestaciones de valor positivo, es decir, las que ensalzan el genocidio o minimizan o trivializan sus consecuencias.

constitución americana

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

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