Ley unidad de mercado

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Este artículo aborda un desafío permanente para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: lograr un equilibrio entre los requisitos de integración del mercado de la UE y el respeto de las «estructuras fundamentales» que existen en los Estados miembros mediante el reconocimiento y la acomodación de una serie de opciones normativas que pueden restringir el comercio. El reto
es encontrar la unidad en la diversidad social y muchos comentaristas consideran que el Tribunal ha interpretado que el fundamento constitucional de la Unión Europea ha convertido los derechos de acceso al mercado en derechos fundamentales y la política social en un poder de obstrucción que hay que limitar. Este artículo reflexiona sobre los métodos de adjudicación del Tribunal y retoma este debate. Sostiene que el Tribunal ha desarrollado una evaluación de la proporcionalidad que es capaz de acomodar una plétora de opciones políticas de los Estados miembros. Los sistemas de protección de los Estados miembros deben ser transparentes, sistemáticos e internamente coherentes. Sin embargo, si se tienen en cuenta estas condiciones, el nivel de protección y los medios a través de los cuales se busca este nivel de protección quedan en gran medida a discreción de los Estados miembros.

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La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado («Ley de Garantía de la Unidad de Mercado») se fundamenta principalmente en dos principios básicos: i) la unidad de mercado española, para garantizar el principio de libre circulación de bienes y servicios; y ii) la búsqueda de una progresiva desregulación administrativa, que impida a las administraciones obstaculizar la citada libertad de circulación.
Una de las piedras angulares de esta Ley fue el conocido como principio de «licencia única», en virtud del cual los operadores económicos podían prestar sus servicios, y sus productos podían circular y comercializarse libremente fuera de los territorios de origen, siempre que el territorio de destino pudiera aceptar la plena validez de los requisitos, calificaciones, inspecciones previas o garantías del territorio de origen, incluso cuando éstos no existieran (artículo 19). Este principio se definió en el artículo siguiente al referirse a la eficacia de las actuaciones de una autoridad competente en todo el territorio (artículo 20) en relación, de forma no exhaustiva, con todos los «medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o que confirmen el cumplimiento de determinadas cualidades, cualificaciones o circunstancias».

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La unidad de mercado es un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española. El principio de unidad de mercado se refleja en el artículo 139 de la Constitución, que impide expresamente la adopción de medidas que impidan, directa o indirectamente, la libertad de circulación y de establecimiento de las personas y la libertad de circulación de los bienes en todo el territorio español.
Para hacer efectivo el principio de unidad de mercado se han realizado importantes esfuerzos en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas, la fragmentación sigue existiendo en el mercado español, lo que se traduce en un elevado coste que dificulta enormemente la actividad de las empresas. La necesidad de eliminar este coste, así como las trabas y obstáculos derivados del crecimiento de la regulación, ha sido una de las principales demandas en las que se han movido los operadores económicos en los últimos años.
Esta fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide el aprovechamiento de las economías de escala que ofrece operar en un mercado mayor, lo que desincentiva la inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, con el importante coste económico que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos.

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Este artículo aborda un reto permanente para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: lograr un equilibrio entre los requisitos de integración del mercado de la UE y el respeto de las «estructuras fundamentales» que existen en los Estados miembros mediante el reconocimiento y la acomodación de una serie de opciones normativas que pueden restringir el comercio. El reto es encontrar la unidad en la diversidad social y muchos comentaristas consideran que el Tribunal ha interpretado que el fundamento constitucional de la Unión Europea ha convertido los derechos de acceso al mercado en derechos fundamentales y la política social en un poder de obstrucción que hay que limitar. Este artículo reflexiona sobre los métodos de adjudicación del Tribunal y retoma este debate. Sostiene que el Tribunal ha desarrollado una evaluación de la proporcionalidad que es capaz de acomodar una plétora de opciones políticas de los Estados miembros. Los sistemas de protección de los Estados miembros deben ser transparentes, sistemáticos e internamente coherentes. Sin embargo, si se tienen en cuenta estas condiciones, el nivel de protección y los medios a través de los cuales se busca este nivel de protección quedan en gran medida a discreción de los Estados miembros.

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