Ley orgánica tribunal constitucional

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Las democracias modernas se basan en Constituciones dotadas de valor normativo garantizadas de forma cada vez más extendida por órganos encargados del control de constitucionalidad, que ejercen la jurisdicción constitucional. La Constitución española de 1978 se inscribe en esta tradición y recupera el precedente del Tribunal de Garantías establecido por la Constitución española de 1931.
El sistema constitucional español se basa ya en una práctica política de más de cinco años de experiencia. Sus instituciones se han revelado como instrumentos eficaces para la regulación de la convivencia, y entre ellas el Tribunal Constitucional ha cumplido una tarea especialmente relevante, como centro de equilibrio del sistema de poderes separados, territorial y funcionalmente, que articula la Constitución. Las funciones que la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional se desarrollan en la ley orgánica reguladora de la institución de acuerdo con el mandato de su artículo 165: la protección de la supremacía constitucional, y la consecuente necesidad de velar por la aplicación de las normas de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y que se complementa con la protección de los derechos fundamentales, así como la resolución de los conflictos territoriales. La intención del constituyente de dotar de la mayor eficacia al órgano de control de constitucionalidad es la comprensión de todas y cada una de las facetas mencionadas. La presente reforma pretende reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional da a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente su misión constitucional.

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Los tribunales constitucionales se establecen de acuerdo con el artículo III de la Constitución, que dice: «El Poder Judicial de los Estados Unidos recae en un solo Tribunal Supremo y en los Tribunales inferiores que el Congreso ordene y establezca ocasionalmente». Estos tribunales sólo tienen los poderes especificados en el Artículo III. Sólo pueden conocer de casos o controversias; sus jueces son vitalicios, siempre que no sean culpables de mala conducta judicial; y el salario de sus jueces no puede reducirse mientras estén en funciones.
El Tribunal Supremo, los tribunales de apelación de Estados Unidos (incluido el Tribunal de Apelación del Circuito Federal), los tribunales de distrito de Estados Unidos y el Tribunal de Comercio Internacional son tribunales constitucionales o del artículo III.
Los tribunales legislativos se conocen como tribunales del Artículo I porque se crean en virtud de la autoridad otorgada al Congreso en el Artículo I, Sección 8, Cláusula 9, de la Constitución. Esa sección faculta al Congreso a «constituir Tribunales inferiores al Tribunal Supremo». No existen restricciones en cuanto al tipo de tribunal que debe crearse. Dichos tribunales pueden poseer cualquier jurisdicción que el Congreso considere apropiada. Los jueces pueden ser nombrados por períodos específicos de años, y los salarios pueden ser ajustados en respuesta a los cambios de la economía.

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Una ley orgánica es una ley, o un sistema de leyes, que forman la base de un gobierno, corporación o cualquier otro cuerpo de normas de la organización. Una constitución es una forma particular de ley orgánica para un Estado soberano.
Según el artículo 46 de la Constitución de Francia, las leyes orgánicas (en francés, lois organiques; en inglés se traduce a veces como Institutional Acts[1]) son una lista corta y fija de estatutos (en 2005, había unos 30) especificados en la Constitución. Tienen fuerza constitucional y, por tanto, anulan las leyes ordinarias. Deben ser debidamente promulgadas por el Parlamento de Francia y el Consejo Constitucional de Francia debe aprobar su constitucionalidad antes de que puedan ser promulgadas.
Las leyes orgánicas permiten flexibilidad en caso de necesidad. Una categoría importante de leyes orgánicas incluye los presupuestos del Estado francés y la seguridad social francesa. Otras leyes orgánicas establecen los procedimientos prácticos para diversas elecciones. Las leyes orgánicas reducen la necesidad de modificar la Constitución.
Según la actual Constitución española de 1978, una ley orgánica tiene un estatus intermedio entre el de una ley ordinaria y el de la propia constitución. Debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La Constitución Española especifica que algunas áreas del derecho deben ser reguladas por este procedimiento, como las leyes de desarrollo de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la sección primera del capítulo segundo del título I de la Constitución, así como las leyes que aprueban los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas de España, entre otras. Antes de la Constitución de 1978, el concepto no existía en España, pero se inspira en el concepto similar de la Constitución francesa de 1958.

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El Artículo III, Sección 1, de la Constitución establece la rama judicial del gobierno federal, declarando que «el poder judicial de los Estados Unidos será conferido a una sola Corte suprema, y a las Cortes inferiores que el Congreso pueda ordenar y establecer de tiempo en tiempo». Se supone que estos tribunales deben servir de guardianes de la Constitución y de las leyes federales. En su forma actual, el poder judicial federal está compuesto por tres niveles principales de tribunales: 94 tribunales de distrito, 13 tribunales de apelación y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Los tribunales de distrito de los Estados Unidos son los tribunales de primera instancia del poder judicial federal. Cada tribunal tiene al menos un juez de distrito, que es nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado.    Los jueces de los tribunales de distrito son vitalicios, según lo dispuesto en el artículo III. En la actualidad, hay más de 670 plazas de juez de distrito autorizadas por el Congreso.
Los tribunales de distrito conocen tanto de casos penales como civiles, aunque su jurisdicción se limita a las disputas que implican un «caso o controversia» real.    Además, el litigio debe referirse a una disposición constitucional o a una ley federal (en contraposición a una ley estatal) o ser entre litigantes que residan en diferentes estados (o cuando una de las partes sea ciudadano de otro país).

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