Ley orgánica 2 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria

Marcha por la libertad de gaza

En un segundo paso, se produjo una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impulsó la creación de una institución independiente de control fiscal, como una de las medidas para garantizar dicho mandato constitucional.

Finalmente, su actividad está debidamente concretada en el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, previsto en el Real Decreto 215/2014, de 21 de marzo. En él se regulan, entre otras cuestiones, la publicación, el análisis de datos, las actividades del Presidente y el control del gasto para la propia institución.

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Ayudas de tres años de duración para empresas, centros tecnológicos de ámbito nacional, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito nacional, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental o estudios previos de viabilidad, con el fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como para estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y para ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

La cuantía de las ayudas se determinará a partir del coste de contratación (la suma del salario bruto más la cotización a la Seguridad Social), el tipo de proyecto y el tipo de entidad, teniendo en cuenta que la intensidad de la ayuda no debe superar los valores indicados en la convocatoria. Las cuantías de las ayudas concedidas para la segunda y tercera anualidad del contrato serán idénticas a la cuantía de la ayuda concedida para la primera anualidad, siempre que se mantengan las condiciones que han determinado dicha cuantía. En ningún caso la ayuda de la segunda y tercera anualidad podrá ser superior a la de la primera.

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La norma contiene una serie de disposiciones en el ámbito del derecho local: individualiza el importe de los ingresos netos que las Entidades Locales pueden destinar a prestaciones e inversiones relacionadas con el gasto social y adopta medidas para el aplazamiento extraordinario del calendario de reintegros en los préstamos concedidos por las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a los empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria.

Asimismo, el RD-Ley 11/2020 refuerza las obligaciones de información económico-financiera de las entidades locales y amplía el ámbito de aplicación de las medidas previstas en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las actuaciones y procedimientos tributarios de la misma naturaleza que los mencionados en dicho Real Decreto-ley realizados o tramitados por las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

El artículo 3 del RD-Ley 8/2020 establece que el superávit presupuestario de las entidades locales para 2019 podrá destinarse a la financiación de gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y Promoción Social». El último párrafo de este precepto señala que, a tal efecto, las entidades locales, en su conjunto, podrán destinar de su superávit una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, cuyo seguimiento se realizará por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

Cambio real | bernie sanders

La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son piezas clave para la confianza en la economía, y es fundamental para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Por ello, para dotar a la política de estabilidad presupuestaria de la máxima credibilidad, en septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución Española. Esta reforma introdujo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad del apoyo financiero de la Unión Europea a todas las administraciones públicas; reforzar la confianza en la estabilidad de la economía española; y fortalecer el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

La aprobación de dicha Ley Orgánica ha supuesto un hito en la incorporación de la sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico-financiera de todas las administraciones públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social.

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