Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república

Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república

referéndum de 2017

La justicia transicional se refiere a la forma en que los países que salen de períodos de conflicto y represión abordan las violaciones de derechos humanos a gran escala o sistemáticas, tan numerosas y graves que el sistema de justicia normal no podrá dar una respuesta adecuada.

La justicia transicional se basa en la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos. Ignorar los abusos masivos es una salida fácil, pero destruye los valores sobre los que puede construirse cualquier sociedad decente. La justicia transicional plantea las cuestiones más difíciles imaginables sobre el derecho y la política. Al dar prioridad a las víctimas y a su dignidad, señala el camino a seguir para renovar el compromiso de garantizar que los ciudadanos de a pie estén seguros en sus propios países, a salvo de los abusos de sus propias autoridades y protegidos eficazmente de las violaciones de otros.

Encontrar respuestas legítimas a las violaciones masivas bajo estas limitaciones reales de escala y fragilidad social es lo que define la justicia transicional y la distingue de la promoción y defensa de los derechos humanos en general.

wikipedia

La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 8 de septiembre de 2017 con 71 votos a favor (de 135) de la coalición gobernante JxSí y CUP-CC representados por 72 escaños y un 47,8% del apoyo del voto social y superando el consenso anterior del marco del Estatut y la Constitución Española; el partido de la oposición de izquierdas CSQP votó en contra y los demás partidos de la oposición abandonaron la cámara antes de que se emitieran los votos lo que representó una oposición de 63 escaños incluso un 48,05% del voto social[7].

lista de control del estado de derecho de la comisión de venecia

¿Qué es una constitución de un Estado? Normalmente, una constitución contiene los conjuntos de leyes que establecen un Estado; un conjunto de leyes que constituye el Estado, en el sentido de que el Estado se establece, existe y opera dentro de los parámetros de esas normas. En consecuencia, el artículo 1 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996 comienza declarando que Sudáfrica «es un Estado democrático y soberano».

Las normas fundamentales que constituyen el Estado son las que regulan los poderes y deberes primarios del Estado; las normas que establecen las ramas y los órganos del Estado; y las normas básicas que prescriben la forma en que el Estado interactúa con las personas en su jurisdicción a través de esas ramas y órganos. Así pues, el derecho constitucional puede no limitarse a todas las normas de una constitución codificada. Las leyes relacionadas con la constitución de un estado pueden estar contenidas en la ley, en el derecho común o incluso en la costumbre. En algunos países, como los estados religiosos, el derecho constitucional puede incluso extenderse a los textos teológicos. El ámbito del derecho constitucional depende, en última instancia, de lo que se considere como normas relacionadas con la existencia y el funcionamiento fundamentales de un Estado.

república catalana (2017)

Los números «I-III» después de la palabra «Sección» en el texto se sustituyen respectivamente por los números «1-3» de acuerdo con la Ley de la República de Kazajistán de fecha 20.12.2004 Nº 13 (entrará en vigor a partir del 01.01.2005).

2. Las relaciones personales no patrimoniales no vinculadas a las relaciones patrimoniales serán reguladas por la legislación civil, a menos que estén previstas de otro modo por los actos legislativos o se deriven de la esencia de una relación patrimonial personal.

3. La legislación civil se aplicará a las relaciones familiares, a las relaciones laborales y a las relaciones vinculadas a la utilización de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente, que cumplan los requisitos del apartado 1 del presente artículo, en los casos en que dichas relaciones no estén reguladas respectivamente por la legislación relativa a la familia, al trabajo, a la utilización de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente.

4. La legislación civil no se aplicará a las relaciones patrimoniales que se basen en la subordinación administrativa o de cualquier otro poder de una parte por la otra, incluidas las relaciones fiscales y otras relaciones presupuestarias, salvo en los casos previstos por los actos legislativos.

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