Ley de regimen juridico de las administraciones

bases legales e institucionales de la administración pública en filipinas

La Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley.
La Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que son Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y las entidades de derecho público.
La estructura de la Administración Pública de España está compuesta por numerosas Administraciones, que se pueden dividir en tres grupos Las Administraciones Territoriales (son las administraciones que necesitan del territorio para existir como la Administración General del Estado), las Administraciones Instrumentales o Institucionales (la clave para existir es el personal) y las Administraciones Corporativas (conjunto de personas de un mismo gremio que a veces realizan actividades de carácter público).

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Para un intento de intersección, véase en general Cass R. Sunstein, Chevron as Law, 107 Geo. L.J. 1613 (2019) [en adelante Sunstein, Chevron as Law] (donde se abordan los argumentos de los críticos contemporáneos de Chevron). Su desacuerdo ni siquiera puede llamarse debate, ya que cada grupo emplea un vocabulario y una preocupación diferentes. Tampoco es un desacuerdo político. Aunque las raíces ideológicas de algunos de los que desean anular Chevron son bastante obvias, [8][8]. Por ejemplo, Richard Epstein, The Dubious Morality of the Modern Administrative Law, pt. 3 (2020). Sin embargo, ha habido cambios ideológicos en el pensamiento anti-Chevron a lo largo del tiempo. Id. en 1618. su aversión a la doctrina también proviene de supuestos sobre lo que debería ser el derecho. [9][9].
Este es un ensayo exploratorio. Los lectores pueden consultar nuestro reciente libro para una exposición más detallada de la competencia administrativa y su relevancia específica para la doctrina Chevron. Ver generalmente id. (describiendo nuestra teoría de cómo el derecho administrativo debe incorporar entendimientos de competencia). Más importante aún, esperamos que este ensayo anime a los lectores a leer la jurisprudencia bajo una nueva luz.

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Este artículo analiza el papel y el lugar del Estado de Derecho en el sistema de la administración pública en las condiciones contemporáneas. Revela la estrecha colaboración entre el funcionamiento eficiente del gobierno y la aplicación real de este principio.
Doctor en Derecho, Vicepresidente de la Asociación Internacional de Administración de Tribunales para la región de Asia Central/India, Juez del Tribunal Constitucional de la República de Azerbaiyán estando en dimisión (Bakú, Azerbaiyán).
Desde la segunda mitad del siglo XX, se han producido cambios drásticos en la administración pública, que se considera como la actividad del gobierno y sus funcionarios destinada a la aplicación práctica de la política pública elaborada sobre la base de los procedimientos correspondientes.
(por ejemplo, en los Estados de orientación socialista) la planificación, el suministro material-técnico, las funciones de la seguridad social, etc., son estrechas, mientras que en otros (incluso en los países desarrollados), son amplias. En todo el mundo se practican nuevos enfoques de las funciones relacionadas no sólo con el mantenimiento y el fortalecimiento de la economía de mercado, sino también con la ejecución de medidas antimonopolio, la lucha contra el desempleo, la descentralización de las empresas e instituciones en diversas esferas, y otras.

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La Constitución recoge en su Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el pleno sometimiento de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.
En el ordenamiento originario del anterior régimen autocrático, el Gobierno quedaba reducido al Órgano Superior en el que culmina la Administración del Estado y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o extensión de la misma, con la que compartiría, en gran medida, su naturaleza administrativa. El artículo 97 de la Constitución arrumba definitivamente esta concepción y recupera para el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar, inspirado en el principio de legitimidad democrática. Quedan así claramente perfilados los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción política del Gobierno.

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