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Importancia del derecho administrativo en la administración pública

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El derecho administrativo es la división del derecho que rige las actividades de las agencias administrativas del gobierno. La acción de las agencias gubernamentales puede incluir la elaboración de normas, la adjudicación o la aplicación de un programa normativo específico. El derecho administrativo se considera una rama del derecho público.
El derecho administrativo se ocupa de la toma de decisiones de las unidades administrativas del gobierno como los tribunales, las juntas o las comisiones que forman parte de un esquema regulador nacional en áreas como la ley de policía, el comercio internacional, la fabricación, el medio ambiente, la fiscalidad, la radiodifusión, la inmigración y el transporte.
El derecho administrativo se expandió enormemente durante el siglo XX, ya que los órganos legislativos de todo el mundo crearon más organismos gubernamentales para regular las esferas sociales, económicas y políticas de la interacción humana.

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Ensayo sobre el estado de derecho en la administración pública

La Constitución recoge en su Título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el pleno sometimiento de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración y ejerce la potestad reglamentaria.
En el ordenamiento originario del anterior régimen autocrático, el Gobierno quedaba reducido al Órgano Superior en el que culmina la Administración del Estado y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o extensión de la misma, con la que compartiría, en gran medida, su naturaleza administrativa. El artículo 97 de la Constitución arrumba definitivamente esta concepción y recupera para el Gobierno el ámbito político de la función de gobernar, inspirado en el principio de legitimidad democrática. Quedan así claramente perfilados los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción política del Gobierno.

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Para un intento de intersección, véase en general Cass R. Sunstein, Chevron as Law, 107 Geo. L.J. 1613 (2019) [en adelante, Sunstein, Chevron as Law] (donde se abordan los argumentos de los críticos contemporáneos de Chevron). Su desacuerdo ni siquiera puede llamarse debate, ya que cada grupo emplea un vocabulario y una preocupación diferentes. Tampoco es un desacuerdo político. Aunque las raíces ideológicas de algunos de los que desean anular Chevron son bastante obvias, [8][8]. Por ejemplo, Richard Epstein, The Dubious Morality of the Modern Administrative Law, pt. 3 (2020). Sin embargo, ha habido cambios ideológicos en el pensamiento anti-Chevron a lo largo del tiempo. Id. en 1618. su aversión a la doctrina también proviene de supuestos sobre lo que debería ser el derecho. [9][9].
Este es un ensayo exploratorio. Los lectores pueden consultar nuestro reciente libro para una exposición más detallada de la competencia administrativa y su relevancia específica para la doctrina Chevron. Ver generalmente id. (describiendo nuestra teoría de cómo el derecho administrativo debe incorporar entendimientos de competencia). Más importante aún, esperamos que este ensayo anime a los lectores a leer la jurisprudencia bajo una nueva luz.