Ley de la jurisdicción contenciosoadministrativa

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El artículo 117 de la Constitución Española de 1978 establece que el principio de unidad del poder judicial es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Este principio se traduce en la existencia de un poder judicial único que compone los tribunales ordinarios. Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los criterios que determinan la competencia -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no excluye la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia.
Estos principios informan la organización de los tribunales en España, dando lugar a la existencia de un único cuerpo de jueces que forman el poder judicial y que son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al Estado de Derecho.
Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los distintos criterios de determinación de la competencia establecidos por la ley -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no impide la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia. Los tribunales ejercen su potestad jurisdiccional exclusivamente en los casos en que la ley se lo atribuye.

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(Recurso de casación – Competencia – Consecuencias de la anulación parcial por el Tribunal de Justicia de una decisión en un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado – Efectos de la sentencia respecto a los destinatarios de la decisión que no interpusieron recurso de anulación – Artículos 173 y 176 del Tratado – Solicitud de reembolso parcial de las multas pagadas)
Según las demandadas, la obligación de la Comisión de ejecutar la sentencia se deriva de los amplios términos del artículo 176 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «Tratado»). En opinión de la Comisión, una vez transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 173, las decisiones que hayan podido ser impugnadas se convierten en inatacables y, por tanto, siguen siendo obligatorias en todos los sentidos para los destinatarios, de conformidad con el artículo 189.
En la decisión, la Comisión declaró que 40 productores de pasta de madera, junto con tres de sus asociaciones profesionales, se habían concertado en materia de precios infringiendo el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. A 36 de estos destinatarios, entre los que se encuentran nueve establecidos en Suecia, se les impuso una multa de entre 50.000 y 500.000 ecus.

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Algunas de ellas, por supuesto, ya han sido afrontadas por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han cambiado o que complementan en algunos aspectos la competencia de la jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían una refundición en sí misma.
Desde este último punto de vista, la reforma compacta las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden administrativo-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y El Tribunal de Justicia ha estado a favor del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La preocupación por lograr un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego, como del derecho y la calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la eficacia del tribunal es uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o meramente cautelar no satisface el derecho que el artículo 24.1 de la Constitución reconoce.

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Disposiciones legislativas pertinentes: Derecho InternacionalDerecho Internacional > Convención sobre los Refugiados de 1951Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva sobre procedimientos de asilo, Directiva 2005/85/CE del Consejo de 1 de diciembre de 2005 > Art 7Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva sobre requisitos, Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004Derecho de la Unión Europea > ES – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea > Artículo 18Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre procedimientos de asilo 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo > Artículo 9Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre requisitos, Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre de 2011 > Artículo 24

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