Ley de la jurisdicción contenciosa administrativa

La soberanía del pueblo en la constitución de kenia

El Salvador ha aprobado la nueva «Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa», que influye en todos los actos de la Administración Pública. Los miembros de nuestra firma tienen más de diez años de experiencia en Juicios Contenciosos Administrativos ante la Corte Suprema de Justicia, y más de diecisiete años de experiencia en asuntos Contenciosos Administrativos, y hemos recibido capacitación en la nueva «Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa», así como en la nueva «Ley de Procedimientos Administrativos», estas Leyes permitirán que todos los procedimientos administrativos sean más expeditos, y al mismo tiempo permitirán a las personas presentar quejas contra la Administración Pública con base en actos u omisiones de la misma.

La función del auxiliar judicial en el servicio de tribunales

El artículo 117 de la Constitución Española de 1978 establece que el principio de unidad del poder judicial es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Este principio se traduce en la existencia de un único poder judicial que compone los tribunales ordinarios. Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los criterios que determinan la competencia -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no excluye la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia.

Estos principios informan la organización de los tribunales en España, dando lugar a la existencia de un único cuerpo de jueces que forman el poder judicial y que son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al Estado de Derecho.

Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los distintos criterios de determinación de la competencia establecidos por la ley -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no impide la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia. Los tribunales ejercen su potestad jurisdiccional exclusivamente en los casos en que la ley se lo atribuye.

Revisión judicial: crash course government and politics #21

(Recurso de casación – Competencia – Consecuencias de la anulación parcial por el Tribunal de Justicia de una decisión en un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado – Efectos de la sentencia respecto a los destinatarios de la decisión que no interpusieron recurso de anulación – Artículos 173 y 176 del Tratado – Solicitud de reembolso parcial de las multas pagadas)

Según las demandadas, la obligación de la Comisión de ejecutar la sentencia se deriva de los amplios términos del artículo 176 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «Tratado»). En opinión de la Comisión, una vez transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 173, las decisiones que hayan podido ser impugnadas se convierten en inatacables y, por tanto, siguen siendo obligatorias en todos los sentidos para los destinatarios, de conformidad con el artículo 189.

En la decisión, la Comisión declaró que 40 productores de pasta de madera, junto con tres de sus asociaciones profesionales, se habían concertado en materia de precios infringiendo el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. A 36 de estos destinatarios, entre los que se encuentran nueve establecidos en Suecia, se les impuso una multa de entre 50.000 y 500.000 ecus.

Ley y práctica de la capacidad mental segunda edición

El Salvador ha realizado importantes cambios en su legislación de actuación de la Administración Pública. Sin duda, nos encontramos en una fase de transición hacia un nuevo sistema administrativo, similar al existente en otros países de la región, y que había quedado como una asignatura pendiente en nuestro país.

A principios de este año entraron en vigor dos importantes decretos que ya están regulando y orientando a la Administración Pública hacia una nueva estructura: por un lado, la «Regulación transitoria del procedimiento administrativo y del régimen de las Administraciones Públicas», y por otro, la «Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa». El primer decreto, regula provisionalmente el Sistema de Administración Pública, mientras entra en vigor la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, y da aplicabilidad al segundo de los decretos, al que nos referiremos en esta oportunidad.

Uno de los cambios más importantes de la nueva ley, es la creación de los Juzgados Unipersonales de la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver los conflictos de esta naturaleza, que antes estaban centralizados en una sola entidad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora se ha descentralizado la autoridad judicial en estos juzgados, lo que implica una mayor agilidad en la tramitación de los procesos contenciosos, y una disminución en los tiempos de resolución de los mismos. Otro aspecto nuevo e importante es el objeto de control jurisdiccional, que antes recaía sólo en un tipo de actos de la administración, extendiéndose a otras acciones y omisiones de la misma.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad