Ley de jurisdicción contencioso administrativa

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ISSN 0124-0579.La jurisdicción de lo contencioso administrativo está, hoy en día congestionada, debido a que el número de demandas planteadas por los usuarios es mayor que la capacidad operativa del sistema. Los juzgados de descongestión y la conciliación obligatoria no son suficientes para resolver el problema. Para resolver el problema de la congestión, es necesario tomar medidas como: crear un cargo administrativo adicional – un abogado auxiliar para los tribunales administrativos más congestionados; distribuir las demandas de manera más justa; reducir el tiempo de atención al público; crear jueces especializados para las acciones constitucionales; limitar el número de recursos y consultas; instalar un arancel judicial para las demandas de gran cuantía; establecer en las acciones de reparación de indemnizaciones el requisito de la petición directa previa al organismo administrativo implicado en el caso; introducir un procedimiento sumario para los asuntos de menor cuantía; extender los efectos de la sentencia a casos similares; conferir facultades jurisdiccionales a los secretarios, e imponer desde el inicio de los procedimientos que los abogados demandantes muestren todas las pruebas que posean.

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El artículo 117 de la Constitución Española de 1978 establece que el principio de unidad del poder judicial es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Este principio se traduce en la existencia de un único poder judicial que compone los tribunales ordinarios. Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los criterios que determinan la competencia -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no excluye la existencia de diferentes tribunales con distintos ámbitos de competencia.

Estos principios informan la organización de los tribunales en España, dando lugar a la existencia de un único cuerpo de jueces que forman el poder judicial y que son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al Estado de Derecho.

Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los distintos criterios de determinación de la competencia establecidos por la ley -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no impide la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia. Los tribunales ejercen su potestad jurisdiccional exclusivamente en los casos en que la ley se lo atribuye.

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Algunas de ellas, por supuesto, ya han sido afrontadas por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han cambiado o que complementan en algunos aspectos la competencia de la jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían una refundición en sí misma.

Desde este último punto de vista, la reforma compacta las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden administrativo-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y El Tribunal de Justicia ha estado a favor del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La preocupación por lograr un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego, como del derecho y la calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la eficacia del tribunal es uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o meramente cautelar no satisface el derecho que el artículo 24.1 de la Constitución reconoce.

Ley de jurisdicción contencioso administrativa 2021

Disposiciones legislativas pertinentes: Derecho InternacionalDerecho Internacional > Convención sobre los Refugiados de 1951Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva de Procedimientos de Asilo, Directiva 2005/85/CE del Consejo de 1 de diciembre de 2005 > Art 7Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva de Calificación, Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004Derecho de la Unión Europea > ES – Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea > Artículo 18Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre procedimientos de asilo 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo > Artículo 9Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre requisitos, Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre de 2011 > Artículo 24

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