Ley de contratos de crédito inmobiliario

ley del suelo – hipotecas (parte 1)

En el día de ayer se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 309/2019 («RD 309/2019») y la Orden Ministerial ECE/482/2019 (la «Orden Ministerial»), ambos aprobados el 26 de abril, que desarrollan parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de contratos de crédito inmobiliario («Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario»), que fue analizada en nuestra anterior nota informativa para clientes. También se han aprobado el RD 309/2019 y la Orden Ministerial ECE/484/2019 para completar la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014.
En primer lugar, el RD 309/2019 incluye, entre otros: (i) los requisitos para la prestación del servicio de asesoramiento; (ii) los requisitos para el registro de los prestamistas de los contratos de crédito inmobiliario; (iii) la información que debe facilitarse a los clientes durante la vigencia del contrato; y (iv) las especificaciones y requisitos técnicos de los medios telemáticos a utilizar para la remisión de la documentación precontractual al Notario.
El servicio de asesoramiento previsto en el artículo 19 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario constituirá una actividad distinta de la concesión e intermediación de préstamos y deberá ser objeto de un contrato específico en el que se especifique cualquier remuneración o ventaja, directa o indirecta, vinculada o no a los servicios de asesoramiento, que se vaya a recibir del prestamista o de un tercero. No habrá servicio de asesoramiento cuando sólo se ofrezcan los productos propios del prestamista.

contrato de compraventa de inmuebles comerciales – explicación

Las novedades más destacadas introducidas por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, son la limitación de la facultad de los prestamistas para declarar el vencimiento anticipado de los créditos o préstamos, la prohibición de la capitalización de los intereses de demora y el nuevo sistema de ejecución hipotecaria.
La nueva regulación introducida por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario («LCCI») pretende, entre otras cosas, acabar con el abuso de las cláusulas de vencimiento anticipado contenidas en la mayoría de las escrituras hipotecarias, en virtud de las cuales los prestamistas podían declarar el vencimiento anticipado del préstamo con garantía hipotecaria por el incumplimiento del pago de una sola de las cuotas, es decir, en base a parámetros de escasa gravedad en cuanto a importe y/o tiempo.
Cabe destacar el carácter retroactivo de la LCCI respecto de las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos celebrados antes de su entrada en vigor (es decir, antes del 16 de junio de 2019), salvo que el vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor o el deudor alegara la firma de condiciones contractuales más favorables.

operaciones de garantía parte 6: antecedentes

El 16 de junio de 2019 entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario conocida como Ley Hipotecaria. Es importante destacar y resaltar que se limitan las prácticas habituales y abusivas que reducían o disminuían los derechos a la hora de contratar un seguro vinculado a la hipoteca. A partir de ahora será el que ha solicitado la hipoteca quien podrá decidir y elegir libremente los Seguros según las condiciones del mercado, no pudiendo la entidad financiera modificar las condiciones del préstamo en ningún caso. De este modo, los hipotecados tendrán la libertad de contratar los seguros en las mejores condiciones de mercado con los agentes y corredores de seguros de la entidad aseguradora, sin tener que elegir, bajo presión o coacción, si se contratan o no los seguros ofrecidos por la entidad financiera que concede el préstamo.
La nueva Ley 5/2019 recoge en su texto la aceptación por parte de la entidad financiera de una póliza alternativa presentada por el cliente, sin ninguna forma de degradación de las condiciones del préstamo, y deja claro y prohíbe a la entidad cobrar un coste adicional por el estudio comparativo de los seguros alternativos.

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La ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, pretende establecer normas imperativas de protección para las personas físicas, tengan o no la condición de consumidores, que ostenten la condición de prestatarios, avalistas o titulares de garantías en préstamos o créditos concedidos mediante hipoteca u otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial, o cuya intención sea la adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.
3.- El préstamo está garantizado por una hipoteca u otra garantía real sobre un bien inmueble de uso residencial, que no tiene que ser necesariamente una vivienda (por ejemplo, trasteros o garajes). Pero también se aplica en caso de adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, si el consumidor ocupa la posición de prestatario, avalista o fiduciario.
a) El 3% del importe del capital concedido (se entiende que esto ocurre cuando las cuotas impagadas equivalen a la falta de pago de 12 mensualidades) si el retraso se produce dentro de la primera mitad del préstamo.

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