Ley de competencia desleal

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Una economía de mercado permite y fomenta la competencia entre organizaciones industriales y comerciales. La autorregulación, a través de las asociaciones de organizaciones, puede desempeñar un papel importante estableciendo un código de conducta o controlando las prácticas; sin embargo, a menudo no es respetada por los participantes ni seguida por las autoridades judiciales.
Conductas clasificadas como competencia deslealPara evitar las prácticas desleales, la ley limita determinadas acciones. El artículo 10 bis del Convenio de París clasifica las prácticas comerciales desleales en tres grandes categorías:
Actos que causan confusiónUn acto o práctica, en el curso de actividades industriales o comerciales, que cause o pueda causar confusión con respecto a la empresa de otro o a sus actividades, en particular, a los productos o servicios ofrecidos por dicha empresa, constituye un acto de competencia desleal.Incluso la probabilidad de confusión que tenga un efecto perjudicial comparable a la confusión real constituye un acto de competencia desleal y esto amplía ampliamente el ámbito de protección. Por ejemplo, una marca, registrada o no, o la apariencia de un producto pueden inducir a confusión. La apariencia de un producto incluye el envase, la forma u otros rasgos característicos no funcionales del producto.

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La Ley de Competencia Desleal alemana (UWG) solía impedir casi todas las medidas publicitarias creativas: todo lo que pudiera inducir a error incluso al consumidor más casual estaba prohibido. Hoy en día, la ley de competencia es mucho más liberal, entre otras cosas debido a la armonización europea. Su objetivo es ayudar a asegurar una competencia justa y libre y garantizar que el consumidor pueda tomar una decisión con conocimiento de causa. En general, las cuestiones relacionadas con el derecho de la competencia suelen referirse a la publicidad engañosa, pero también a las falsificaciones de productos.
Por lo general, los litigios en materia de competencia pueden evitarse de antemano. Por supuesto, también ayudamos a nuestros clientes cuando surge un litigio, ya sea en forma de advertencia, de requerimiento preliminar o de procedimiento judicial principal.

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Se prohíben las prácticas desleales de los competidores y los operadores del mercado que puedan distorsionar la competencia. La ley de competencia desleal contiene una cláusula general que comprende una amplia lista de prácticas de competencia no autorizadas. Regula los derechos de los competidores y otras partes autorizadas, así como su aplicación. Si una empresa descubre que un competidor está infringiendo la ley de competencia, puede emitir una advertencia, exigir el cese inmediato de la actividad y pedir la recuperación de los daños sufridos. El competidor puede entonces tener que hacer una declaración de cese y desistimiento, en virtud de la cual estará obligado a pagar una sanción contractual en caso de reincidencia. También se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios y el reembolso de los honorarios de un abogado. Las medidas cautelares ante un tribunal son un arma incisiva.
La legislación antimonopolio también debe tenerse en cuenta a la hora de redactar los contratos. Esto se aplica, en particular, a los contratos de investigación y desarrollo, los acuerdos de licencia y muchos acuerdos de distribución. Los acuerdos de distribución exclusiva y las obligaciones de entrega, así como los objetivos de precios abiertos y ocultos, deben revisarse de forma crítica y cuidadosa. Las restricciones de este tipo están prohibidas. Sin embargo, pueden autorizarse de acuerdo con la legislación de la UE en virtud de reglamentos especiales de exención de grupos europeos. No obstante, esto requiere un análisis muy preciso y exhaustivo de las circunstancias. En el ámbito de los sectores de la propiedad intelectual y la tecnología son especialmente importantes el Reglamento (CE) nº 772/2004, de 27 de abril de 2004 (transferencia de tecnología), y el Reglamento (CE) nº 2659/2000, de 29 de noviembre de 2000 (acuerdos de investigación y desarrollo), así como el Reglamento (CE) nº 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999 (acuerdos verticales), que es importante para todos los sectores en los que existe una relación entre compradores y proveedores.

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