Ley de arrendamientos urbanos 291994

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2. La renta inicial máxima por metro cuadrado de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado anterior será el porcentaje del precio máximo de venta que corresponda de acuerdo con la normativa estatal o autonómica aplicable.
3. No se aplicará ninguna revisión de los alquileres de las viviendas de protección oficial salvo acuerdo expreso de las partes. 4. En caso de acuerdo expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o la metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.
5. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa aplicable para las viviendas protegidas.
8. El arrendamiento de viviendas de protección oficial se regirá por las normas específicas de ésta en cuanto al plazo de duración del contrato, las variaciones de la renta, los límites de repercusión de las cantidades para la reparación de daños y mejoras, y las disposiciones relativas al derecho de cesión y subrogación en la renta, y en lo no regulado por las de la presente ley, que se aplicarán íntegramente cuando el arrendamiento deje de estar sujeto a dichas disposiciones específicas.

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El 23 de mayo de 2013, el Gobierno español aprobó la Ley 4/2013 de Reforma del Régimen de Arrendamientos Urbanos, que modifica parcialmente la Ley 29/1994. Pretende corregir la debilidad del actual mercado español del alquiler, fomentando la renta dada la baja tasa en comparación con el gran número de unidades de localización desocupadas. Esta nueva normativa entró en vigor el 5 de junio de 2013 con el objetivo principal de flexibilizar el mercado del alquiler.
Asimismo, el arrendatario -mediante un preaviso de 30 días- puede rescatar el contrato una vez transcurridos seis meses. En estas circunstancias, el arrendatario deberá indemnizar al arrendador por el importe que le resta del contrato.
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La Ley de Arrendamientos Urbanos o LAU es el conjunto de leyes que regulan el mercado de la vivienda en alquiler en España. Para leerla en profundidad puede pinchar en este enlace que le llevará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tal y como se desprende de este documento, existe una diferencia de tratamiento entre los arrendamientos de vivienda y los arrendamientos para cualquier uso distinto al de vivienda (se entiende que las circunstancias económicas son diferentes para esos casos).
Si tiene alguna duda a lo largo de este artículo, le animamos a que se ponga en contacto con Mediterráneo Homes. Nuestros especialistas no sólo pueden gestionar el alquiler de su vivienda, sino también valorar sus circunstancias y ofrecerle las soluciones que necesita.
La nueva Ley de Arrendamientos entró en vigor el 6 de marzo de 2019. Los contratos de arrendamiento que se firmen a partir de ese momento (y por supuesto los contratos para 2021, siempre que no haya nuevas modificaciones de la Ley) estarán afectados tanto por la Ley de Arrendamientos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre) como por sus posteriores modificaciones: Ley 4/2013, de 4 de junio, y Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo.

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El pasado 6 de junio de 2013 entró en vigor la nueva Ley 4/2013, de 4 de junio , de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modifica sensiblemente la anterior Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU), y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC ), con el objetivo o finalidad de dinamizar el mercado del alquiler. Por ello, es importante hacer una revisión de la ley, estudiando tanto las novedades como las cuestiones de posible interés de los futuros contratantes, especialmente en lo que se refiere a la vivienda en alquiler.
En primer lugar, como cuestión fundamental es que el contrato de alquiler se rige por el principio de la primacía de la voluntad de las partes. De esta forma, podrán pactar lo que estimen oportuno, pero siempre teniendo en cuenta que «son nulas, y no podrán poner las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendar lo dispuesto en este Título, salvo que la propia norma lo autorice expresamente», como se expresa en el artículo 6.
Otro cambio, es la nueva duración mínima del arrendamiento. Hasta la fecha de la reforma, la duración mínima obligatoria era de cinco años. Tras la reforma, la duración se reduce a 3 años. En el caso de que el contrato prevea una duración inferior a tres años, se comprobará la fecha de vencimiento, siendo obligatorio que los plazos anuales se prorroguen hasta alcanzar la duración mínima de tres años, salvo que se exprese al inquilino la no renovación treinta días antes. Por tanto, existe el derecho del inquilino a permanecer en la vivienda durante un mínimo de tres años, siempre que el arrendador no ne

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