La carta de derechos fundamentales de la unión europea

La carta de derechos fundamentales de la unión europea del momento

En virtud de la Carta, la Unión Europea debe actuar y legislar de forma coherente con ella y los tribunales de la UE anularán la legislación adoptada por las instituciones de la UE que la contravenga. La Carta se aplica a las instituciones de la Unión Europea y a sus Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión Europea.
Poco después de la entrada en vigor del Tratado de la CEE, la Comunidad se estableció como una importante entidad política con ramificaciones políticas más allá de sus objetivos económicos. En 1964, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó su sentencia en el caso Costa contra ENEL, en la que decidió que el derecho de la Unión debía prevalecer sobre el derecho nacional en conflicto. Esto significaba que los gobiernos nacionales no podían eludir lo que habían acordado a nivel europeo promulgando medidas internas contradictorias, pero también significaba potencialmente que el legislador de la CEE podía legislar sin las restricciones impuestas por las disposiciones de derechos fundamentales consagradas en las constituciones de los Estados miembros. Esta cuestión llegó a su punto álgido en 1970, en el caso Internationale Handelsgesellschaft, cuando un tribunal alemán dictaminó que una norma de la CEE infringía la Ley Fundamental alemana. A instancias del tribunal alemán, el TJCE dictaminó que, si bien la aplicación del Derecho de la Unión no podía depender de su coherencia con las constituciones nacionales, los derechos fundamentales sí formaban «parte integrante de los principios generales del Derecho [comunitario]» y que la incoherencia con los derechos fundamentales podía constituir la base para impugnar con éxito una ley europea[3].

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En virtud de la Carta, la Unión Europea debe actuar y legislar de forma coherente con ella y los tribunales de la UE anularán la legislación adoptada por las instituciones de la UE que la infrinja. La Carta se aplica a las instituciones de la Unión Europea y a sus Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión Europea.
Poco después de la entrada en vigor del Tratado de la CEE, la Comunidad se estableció como una importante entidad política con ramificaciones políticas más allá de sus objetivos económicos. En 1964, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó su sentencia en el caso Costa contra ENEL, en la que decidió que el derecho de la Unión debía prevalecer sobre el derecho nacional en conflicto. Esto significaba que los gobiernos nacionales no podían eludir lo que habían acordado a nivel europeo promulgando medidas internas contradictorias, pero también significaba potencialmente que el legislador de la CEE podía legislar sin las restricciones impuestas por las disposiciones de derechos fundamentales consagradas en las constituciones de los Estados miembros. Esta cuestión llegó a su punto álgido en 1970, en el caso Internationale Handelsgesellschaft, cuando un tribunal alemán dictaminó que una norma de la CEE infringía la Ley Fundamental alemana. A instancias del tribunal alemán, el TJCE dictaminó que, si bien la aplicación del Derecho de la Unión no podía depender de su coherencia con las constituciones nacionales, los derechos fundamentales sí formaban «parte integrante de los principios generales del Derecho [comunitario]» y que la incoherencia con los derechos fundamentales podía constituir la base para impugnar con éxito una ley europea[3].

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El disfrute de estos derechos conlleva responsabilidades y deberes con respecto a otras personas, a la comunidad humana y a las generaciones futuras. Por ello, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios que se exponen a continuación.
2. Dichos datos deben ser tratados de forma leal, con fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o de otra base legítima establecida por la ley. 3. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernen, así como a su rectificación.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y de recibir y difundir informaciones e ideas sin que pueda haber injerencia de la autoridad pública y sin consideración de fronteras.

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En virtud de la Carta, la Unión Europea debe actuar y legislar de forma coherente con ella y los tribunales de la UE anularán la legislación adoptada por las instituciones de la UE que la infrinja. La Carta se aplica a las instituciones de la Unión Europea y a sus Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión Europea.
Poco después de la entrada en vigor del Tratado de la CEE, la Comunidad se estableció como una importante entidad política con ramificaciones políticas más allá de sus objetivos económicos. En 1964, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó su sentencia en el caso Costa contra ENEL, en la que decidió que el derecho de la Unión debía prevalecer sobre el derecho nacional en conflicto. Esto significaba que los gobiernos nacionales no podían eludir lo que habían acordado a nivel europeo promulgando medidas internas contradictorias, pero también significaba potencialmente que el legislador de la CEE podía legislar sin las restricciones impuestas por las disposiciones de derechos fundamentales consagradas en las constituciones de los Estados miembros. Esta cuestión llegó a su punto álgido en 1970, en el caso Internationale Handelsgesellschaft, cuando un tribunal alemán dictaminó que una norma de la CEE infringía la Ley Fundamental alemana. A instancias del tribunal alemán, el TJCE dictaminó que, si bien la aplicación del Derecho de la Unión no podía depender de su coherencia con las constituciones nacionales, los derechos fundamentales sí formaban «parte integrante de los principios generales del Derecho [comunitario]» y que la incoherencia con los derechos fundamentales podía constituir la base para impugnar con éxito una ley europea[3].

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