Invalidez de los actos administrativos

#legislación subordinada#cómo impugnar

El derecho administrativo se ocupa de tres cosas: los derechos privados, las competencias delegadas y las competencias combinadas. De Leon (2010) ha señalado que la primera es su principal preocupación. A continuación se presenta un breve análisis de estas preocupaciones. Se basa en el esquema de De Leon en su libro de 2010 sobre derecho administrativo, disponible en las mejores librerías del país.
DERECHOS PRIVADOS.  La principal preocupación del derecho administrativo es la protección de los derechos privados, y su objeto es, por lo tanto, la naturaleza y el modo de ejercicio de la potestad administrativa y el sistema de reparación contra la acción administrativa. En otras palabras, el poder administrativo debe ejercerse de manera que no se lesionen los derechos privados y, en caso de lesión, debe existir un procedimiento de reclamación.
CASO: En cambio, suponiendo que la revisión administrativa estuviera disponible, es la NEDA la que puede llevar a cabo dicha revisión siguiendo los principios del derecho administrativo, y la decisión de la NEDA a su vez es revisable por la Oficina del Presidente. La decisión de la Oficina del Presidente sustituye entonces de forma efectiva a la determinación de la Comisión Arancelaria, que ahora constituye la base de la decisión del Secretario del DTI, que ahora estaría madura para la revisión judicial por parte de la CTA en virtud del artículo 29 de la SMA. Esta es la única manera en que la revisión administrativa de la determinación de la Comisión de Tarifas puede ser sostenida sin violar la SMA y sus restricciones y limitaciones constitucionales, así como el derecho administrativo. (G.R. No. 158540. 3 de agosto de 2005)

Entender el derecho laboral

Hasta bien entrado el siglo XIX, las responsabilidades del Estado eran pocas y clásicas: el mantenimiento del orden público, la dirección de los asuntos exteriores y la disposición de las fuerzas armadas. Hoy en día es muy diferente. En aras de proteger al público y regular la economía, el Estado interviene en un grado muy considerable en la vida de sus ciudadanos. La ley prevé controles de precios, prácticas restrictivas y planificación. Ciertos tipos de negocios, como la banca, las agencias de empleo y los mercados de ganado, no pueden llevarse a cabo sin una licencia; y esa licencia puede estar sujeta a las condiciones que la autoridad encargada de concederla considere oportunas. Existe una variedad de subvenciones discrecionales, sobre todo en el ámbito del desarrollo industrial, así como una amplia gama de prestaciones en los ámbitos de la sanidad, la asistencia social, la educación y el despido.
La administración de estos controles y servicios pone en contacto a muchas personas e instituciones con los organismos administrativos y, naturalmente, constituye una fuente fértil de reclamaciones. Los tribunales no podrían ocuparse de muchas de ellas, ya que no es su función conocer de los recursos contra las decisiones de los organismos administrativos. Sin embargo, es tarea de los tribunales garantizar que las acciones y decisiones administrativas se tomen de acuerdo con la ley.

Adams la teoría estándar de la ilegalidad administrativa

Para que los derechos a una acción administrativa justa sean algo más que derechos sobre el papel, debe haber una forma de hacerlos valer. La forma más importante de hacer valer estos derechos es la revisión judicial. Esto significa que cualquier persona que no esté satisfecha con una decisión administrativa puede impugnarla ante los tribunales. Allí puede argumentar que la decisión viola el derecho a una acción administrativa justa. Si el tribunal considera que la decisión es ilegal, irrazonable o injusta desde el punto de vista del procedimiento, puede dictar una serie de órdenes para rectificar la situación. Entre ellas se encuentran:
Antes de que alguien pueda pedir a un tribunal que revise una acción administrativa, hay una norma importante en la PAJA que debe cumplirse: la norma del agotamiento de los recursos internos. Esto significa que, cuando la ley establece procedimientos que permiten a alguien revisar o recurrir una decisión de la administración, éstos deben agotarse antes de que una persona afectada pueda dirigirse a un tribunal. Por lo tanto, una persona sólo puede solicitar una revisión judicial como último recurso. Esto se aborda en el artículo 7 (2) de la PAJA.

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(1) Las disposiciones de esta Ley no operan, excepto cuando se hacen aplicables a un tribunal u otro organismo por otra promulgación. (2) Si otra promulgación se refiere a una disposición de esa promulgación o de una tercera promulgación que incorpora una disposición de esta Ley, se considera que la referencia incluye una referencia a la disposición incorporada de esta Ley. (3) Si otra norma incorpora la sección 1 [definiciones] de esta Ley,(a) las definiciones de esta Ley se aplican a las disposiciones de esta Ley incorporadas por la otra norma, pero(b) a menos que aparezca una intención contraria en la otra norma, las definiciones de esta Ley no se aplican al uso de un término en la otra norma fuera de las disposiciones incorporadas.(4) La subsección (1) no se aplica a esta sección o a la sección 62 [aplicación de la Ley a la Junta de Revisión de BC].Parte 2 – NombramientosMandato inicial del presidente y reelección2
(1) El presidente del tribunal puede ser nombrado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, tras un proceso basado en los méritos, para desempeñar el cargo por un período inicial de 3 a 5 años.(2) El presidente puede ser reelegido por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, tras un proceso basado en los méritos, por períodos adicionales de hasta 5 años.Período inicial y reelección de los miembros3

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