Incumplimiento de las obligaciones

Managing contractors’ combating – trafficking compliance

The rules of organizations should not be compared with the internal rules of States, as was done in draft article 31, in which the Commission merely draws a parallel with the principle of «the responsibility of States for internationally wrongful acts».
paragraph 2 provides that this principle is without prejudice to the applicability of the rules of an international organization with regard to the responsibility of the organization towards its members.
The law should provide that the debtor, the grantor or any other interested person(e.g. a secured creditor with a lower priority ranking than that of the enforcing secured creditor, a guarantor or a co-owner of the
encumbered assets) is entitled at any time to apply to a court or other authority for relief from the secured creditor’s failure to comply with its obligations under the provisions of this law governing post-default rights.
The law should provide that the debtor, the grantor or other interested persons (e.g. a secured creditor with a lower priority ranking than that of the enforcing secured creditor, a guarantor or a co-owner of the encumbered assets)

Cláusula de insolvencia

Todos los profesionales fiscales registrados deben cumplir la Ley de Servicios de Agentes Fiscales de 2009 (TASA), incluido el Código de Conducta Profesional (Código) y las disposiciones sobre sanciones civiles. Si recibimos una queja de que un agente fiscal es sospechoso de no cumplir con la Ley de Servicios de Agentes Fiscales, incluido el Código, investigaremos el asunto más a fondo haciendo investigaciones preliminares. Si consideramos que un profesional del sector fiscal ha incumplido la TASA, podemos imponer una o varias sanciones administrativas o solicitar una sanción civil impuesta por un tribunal. Las sanciones administrativas por incumplimiento del Código pueden incluir:
El Tribunal Federal tiene la facultad de imponer sanciones de hasta 55.500 dólares para las personas físicas y 277.500 dólares para las empresas por cada infracción.

Tratar el incumplimiento de las obligaciones contractuales y

La filial italiana del gigante tecnológico estadounidense y varios de sus altos ejecutivos habían sido investigados por fraude por su presunto incumplimiento de la obligación de declarar sus ganancias en Italia entre 2008 y 2013.
La investigación policial ha sido muy criticada y el informe pone de manifiesto tales preocupaciones que los Estados [Reino Unido e Irlanda] deben ahora establecer una investigación pública transfronteriza completa», dijo un portavoz del grupo, añadiendo que no hacerlo sería un incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo 2 (1) y el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Consciente de su deuda y de las continuas pérdidas, la empresa advirtió a los inversores de que «nuestro importante endeudamiento [podría] dificultar el cumplimiento de nuestras obligaciones con respecto a nuestro endeudamiento, y el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a un caso de incumplimiento en virtud de esos acuerdos, que podría ser difícil de subsanar, o dar lugar a nuestra quiebra».

Obligaciones fiscales personales de los profesionales de la fiscalidad

23. La Sala de Apelaciones recuerda que una Sala puede reconsiderar una decisión cuando se ha producido un cambio en las circunstancias materiales que tiene ante sí[1], lo cual es igualmente cierto cuando la decisión se dicta en virtud de la regla 7bis de las Reglas. Una Sala de Primera Instancia no está impedida de reconsiderar su decisión de solicitar al Presidente que informe sobre la falta de cooperación de un Estado al Consejo de Seguridad cuando se produce un cambio en las circunstancias, particularmente cuando, como en este caso, ese cambio de circunstancias fue cooperado por el Estado en cuestión.24 En cuanto a la alegación conexa de Nzabonimana de que los Documentos de 16 de marzo de 2010 no constituyen un «cambio sustancial» en las circunstancias, ya que no cambian el hecho de que Francia «no ha cooperado» a partir del 4 de marzo de 2010 y la cooperación posterior no remedia la falta de cooperación anterior,[2] la Sala de Apelaciones considera que, si bien la cooperación posterior de Francia no rectifica sus faltas anteriores, el propósito de la Regla 7bis de las Reglas es informar del incumplimiento de un Estado de su obligación, en virtud del artículo 28 del Estatuto, de cooperar con el Tribunal. En consecuencia, la Sala de Apelaciones está convencida de que la cooperación posterior de Francia constituyó una nueva circunstancia material para el ejercicio de la facultad de reconsideración de la Sala de Primera Instancia.

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