Finalidad de las penas en españa

leyes en españa

La alteración de un documento o de una parte de un documento o la simulación parcial de un documento es un delito. La simulación total o parcial requiere un acto creativo, y al igual que la falsificación de moneda, debe hacerse con un alto grado de similitud, como para inducir a error sobre su autenticidad.
Según el art. 392. 1, el individuo que cometa en un documento público, oficial o comercial, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Las mismas penas se impondrán a los que, sin haber intervenido en la falsificación, trafiquen de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que, a sabiendas, utilice un documento de identidad falso. (art. 392).
El que, para perjudicar a otro, cometiere en un documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. (art. 395).

crimen y castigo en españa

La legislación española incluye un sistema de multas como sanción, en caso de comisión de un delito. Sin embargo, este sistema deja un amplio margen para que el juez lo determine. A&O Abogados, abogados expertos en derecho penal en Marbella, España, lo explica a continuación.
Nuestro sistema penal ha clasificado las penas en tres grandes grupos: las penas privativas de libertad, la privación de derechos y la multa. En las siguientes líneas abordaremos la estructura de la multa en el derecho español.
Nuestro sistema está configurado por el sistema de días-multa, fijando una cantidad para cada día. La finalidad de esta distribución de la multa es su conversión en pena privativa de libertad en caso de impago. Es decir, por cada dos días-multa no satisfechos, se conmutará por un día de prisión. Es la pena de prisión derivada de la responsabilidad personal por el impago de una multa.
¿Cuándo se puede entender que se ha incumplido la pena? Cuando se ha fraccionado el pago de la multa, se puede considerar que el impago de dos plazos fraccionados implica la caducidad de los restantes.

código penal español

Cargos por hurtoEn el caso del hurto, si la cantidad de bienes sustraídos supera el valor de 400 euros, la pena puede ser de hasta 6 meses de prisión.Por debajo de este valor, la condena baja a una multa de 1 a 3 meses. La cantidad a pagar cada día se deja a la discreción del juez, que la decide en función de consideraciones como los ingresos del acusado.Cargos por roboComo el robo incluye la fuerza, los cargos aumentan considerablemente respecto al hurto. Por ejemplo, el robo con fuerza o violencia conlleva penas de 1 a 3 años de prisión, pero si hay intimidación, como el uso de armas, y/o el delito se produce en una casa con personas dentro, la pena puede llegar a los 5 años. Es importante tener en cuenta que las multas no se utilizan como castigo para el robo, a diferencia de los casos de hurto.
Suspensión de la penaUn aspecto de la legislación española que puede jugar a favor de los supuestos casos de robo y hurto son las posibilidades de suspensión de la pena.Si no tiene condenas anteriores, cualquier pena inferior a 2 años quedará suspendida. Esto significa que no tendrá que cumplir la sentencia, a menos que reincida en un plazo de 3 años.Ya que con los cargos de hurto y algunos robos, las sentencias pueden ser inferiores a 2 años. Por lo tanto, una sentencia lo suficientemente corta no significa necesariamente tiempo de prisión.Cómo puede ayudarle un abogadoEn un juicio por hurto/robo la carga de la prueba siempre recae en la acusación. Esto significa que tendrán que tener pruebas suficientes para demostrar que usted cometió el delito.Un buen abogado puede asegurarse de que todas las pruebas que se han admitido ante el juez no han roto la cadena de custodia. Está claro que la cadena de custodia es muy importante en estos casos, ya que si se ha producido alguna ruptura en ella, la prueba podría no ser admisible. Es importante tener en cuenta que esto podría significar una sentencia más corta.  DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este artículo no es definitiva. Para un asesoramiento actualizado y relevante para su caso, por favor contacte con nuestros abogados españoles.

sanciones por agresión en españa

Las cláusulas penales son un elemento común en los contratos celebrados entre profesionales, así como entre profesionales y consumidores. La presencia de estas cláusulas, así como las posibles sanciones que imponen en las circunstancias y condiciones establecidas, no suelen ser conflictivas. Sin embargo, la aplicación de estas cláusulas es más compleja, especialmente cuando el conflicto entre las partes debe dirimirse ante los órganos jurisdiccionales.
Este artículo pretende ofrecer al lector una idea básica y general de la naturaleza de estas cláusulas penales, sin profundizar en otros aspectos relevantes como: las diferencias y características de estas cláusulas en la finalización de los contratos entre profesionales y consumidores o usuarios, los criterios de moderación de la pena impuesta por estas cláusulas, o los supuestos que consideran las cláusulas como sustitutivas de la indemnización por los daños sufridos.
Conviene comenzar esta breve explicación de la naturaleza de las cláusulas penales destacando que se trata de una obligación extra a una obligación principal, normalmente de carácter pecuniario (aunque puede ser cualquier tipo de prestación aceptada como objeto de una obligación), que impone sanciones a las partes por el cumplimiento irregular o el incumplimiento de la obligación principal. Adicionalmente, cabe mencionar que las cláusulas penales pueden llevar a cabo una valoración anticipada de la existencia, rango y alcance de los daños y perjuicios derivados del cumplimiento irregular o del incumplimiento de la obligación principal. En este sentido, hay que tener en cuenta el criterio reiterado del Tribunal Supremo, STS 230/1992, de 7 de marzo, que establece claramente lo siguiente:

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad