Diferencia entre real decreto y real decreto legislativo

Diferencia entre real decreto y real decreto legislativo

Cómo se llama un real decreto

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la vía parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.
«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978
El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).
Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

Un real decreto emitido el

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la tramitación parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.
«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978
El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).
Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

España real decreto juego

a las cooperativas agrarias el suministro de dicho combustible, con independencia de la parte que representen dichas operaciones en el conjunto de la cooperativa, sin que por ello pierdan el derecho a un tratamiento fiscal preferente para su actividad cooperativa.
en el momento de los hechos en el procedimiento principal, que establece que, en relación con el examen que regula el acceso a la profesión de abogado, la comisión examinadora estará compuesta por cinco miembros designados por el Ministro de Justicia, a saber, dos jueces, un profesor de Derecho y dos abogados, estos últimos nombrados por el Consiglio nazionale forense (Consejo Nacional de la Abogacía) a propuesta conjunta de los Consejos de la Abogacía de la circunscripción correspondiente.
resultado económico de la actividad cooperativa, se gravará al tipo del 20 %; además, las cooperativas tienen total libertad para decidir la amortización de sus nuevos activos fijos físicos adquiridos durante los tres años siguientes a la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas, y además, reciben una bonificación del 50 % en la totalidad de su factura del impuesto de sociedades.

Significado del decreto legislativo

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la tramitación parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.
«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978
El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).
Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

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