Diferencia entre real decreto ley y decreto ley

Diferencia entre ley y decreto

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la tramitación parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.

«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978

El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).

Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

Real decreto sinónimo

Un decreto es una orden dictada por un juez que resuelve las cuestiones de un caso judicial. Aunque un decreto es similar a una sentencia, difiere en algunos aspectos clave. Históricamente, los tribunales de equidad, almirantazgo, divorcio o sucesión podían dictar decretos mientras que un tribunal de justicia dictaba sentencias. Tras la aprobación de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, que disolvieron en gran medida la distinción entre tribunales de equidad y de derecho, la mayoría de los tribunales pueden ahora considerar todos los recursos, incluidos los decretos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a menudo se sigue llamando sentencia a un decreto. Un decreto es el resultado de una evaluación de los derechos de las partes implicadas. Además, un decreto puede utilizarse para tratar un derecho que no está reconocido por el derecho común. Por ejemplo, un juez que preside un tribunal de equidad puede emitir un decreto a favor del cumplimiento específico como remedio para una parte victoriosa en un caso de contrato. Los decretos también pueden incluir instrucciones que guían cómo deben aplicarse, lo que aumenta su utilidad como recursos flexibles.

Diferencia entre edictos y decreto

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser aplicadas con urgencia (y no puedan ser llevadas a cabo por la tramitación parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.

«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978

El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).

Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

¿cómo se llama un decreto real?

Esto significa que hay dos condiciones fundamentales para utilizar la figura del Real Decreto-Ley; Que determinadas medidas deban ser puestas en marcha de forma urgente (y no puedan ser llevadas a cabo por la vía parlamentaria normal por ser muy lenta), y que el Decreto-Ley se cree por situación de extraordinaria necesidad.

«Los Decretos-Leyes deben ser sometidos inmediatamente a debate y votación por el conjunto del Congreso, que debe ser convocado a tal efecto si no está ya reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. (…)»- Artículo 86.2. Constitución Española de 1978

El Real Decreto-Ley puede ocupar el «lugar» o regular materias que serían tratadas por la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral…).

Con estos límites la Constitución trata de evitar el uso abusivo del Decreto-Ley, pero como es el Gobierno quien decide cuando es un momento de urgente y extraordinaria necesidad, muchas veces el Decreto-Ley no respeta literalmente los requisitos iniciales.

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