Derechos y obligaciones del matrimonio civil en españa

asociación civil frente a matrimonio

La historia muestra una larga trayectoria de discriminación basada en la orientación sexual, discriminación que el legislador ha decidido eliminar. El establecimiento de un marco de realización personal que permita a quienes adoptan libremente una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad.
«Los padres, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen derecho a relacionarse con sus hijos menores de edad, salvo con los adoptados por otro o de acuerdo con lo establecido en la resolución judicial.»
«2. Los adquiridos por sucesión en la que uno o ambos de los que ejercen la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente designado. ‘

¿se reconoce la unión civil del reino unido en españa?

1.1. ¿Qué ley se aplica a los bienes de la pareja? ¿Qué criterios/reglas se utilizan para determinar la ley aplicable? 1.3. ¿Qué convenios internacionales hay que respetar con respecto a determinados países?
Para los matrimonios celebrados hasta el 28 de enero de 2019, se aplican las normas nacionales españolas. Los efectos del matrimonio se rigen por la ley personal común de los cónyuges (determinada por la nacionalidad y, si ambos cónyuges son españoles, también por la «vecindad civil», que determina cuál de los diversos sistemas españoles podría aplicarse) en el momento en que se celebró el matrimonio. En ausencia de dicha ley, se rigen por la ley personal o la ley de la residencia habitual de cualquiera de los cónyuges, según hayan acordado ambos cónyuges en un documento público antes de la celebración del matrimonio. Si no han hecho tal elección de ley, los efectos del matrimonio se rigen por la ley de su residencia habitual común inmediatamente después de la celebración del matrimonio o, si no hay tal residencia, por la ley del lugar en el que se celebró el matrimonio (Art. 9 párrafo 2 CC).

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Como norma general, el régimen económico aplicable a los matrimonios celebrados en España es el establecido por los contrayentes en las capitulaciones. Por tanto, si no se pacta nada, se aplicará el régimen económico matrimonial de bienes comunes. Salvo en aquellas comunidades españolas en las que el derecho autonómico establece un régimen diferente, Comunidades Autónomas como Cataluña, Aragón, Islas Baleares, País Vasco y Navarra.
Los cónyuges pueden pactar su régimen patrimonial estableciendo las capitulaciones matrimoniales. Si no se pacta nada, se aplicará el régimen económico matrimonial de los bienes comunes, salvo en aquellas comunidades españolas en las que el derecho autonómico prevea un régimen diferente, Comunidades Autónomas como Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y Navarra.
Estas son sólo directrices generales y no declaraciones definitivas de la ley, todas las preguntas sobre las aplicaciones de la ley a los casos individuales deben dirigirse a un abogado español, que puede aconsejarle sobre los regímenes de propiedad que mejor se adapten a sus propósitos.

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La unión civil entre personas del mismo o distinto sexo en España tiene la particularidad de que NO existe una ley de parejas de hecho a nivel estatal. Así, la mayoría de las Comunidades Autónomas, también las que no tienen un derecho civil foral o especial propio, han regulado las parejas de hecho desde una perspectiva no estrictamente administrativa.
2.1. En España hay Comunidades que no tienen derecho civil foral o especial propio, como Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, Cantabria y Murcia, pero que han regulado en leyes autonómicas para su región (comunidad autónoma) los efectos civiles del cese de la convivencia more uxorio:
– Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de la Comunidad de MADRID, de la pareja de hecho. Esta ley contemplaba un régimen económico de convivencia en defecto de pacto (artículo 4.2) que ha sido declarado inconstitucional por la falta de competencia de esta Comunidad Autónoma en materia de legislación civil (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 81/2013, de 11 de abril de 2013).

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