Derechos del detenido lecrim

derechos humanos del detenido

Los menores de 18 años y mayores de 14 sobre los que existan indicios de participación en algún delito establecido en el Código Penal se regirán por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Cuando se produzca la detención de un menor, se pondrá a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de la custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto como conste la minoría de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se designará un defensor judicial al que se le comunicará el hecho y el lugar de la detención.

Si el detenido tiene la capacidad modificada judicialmente, la información de derechos prevista en el artículo 520, 2º LECrim se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

El menor detenido tiene todos los derechos previstos en el artículo 520 LECrim, con la peculiaridad de que la toma de declaración deberá realizarse en presencia, además de su abogado, de sus padres o personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor.

conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Desde entonces hasta ahora, hemos asistido a dos etapas diferentes. La primera etapa está representada por la propuesta de la Comisión de 2004 de una Decisión Marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea, que no prosperó porque los Estados miembros no pudieron llegar a un acuerdo en el Consejo.2 Tras el fracaso de esta propuesta, se inició un nuevo curso en la materia a través de la Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales.3 A diferencia de la propuesta de 2004, el plan de trabajo prefirió abordar cada una de las garantías procesales por separado, en función de su importancia y complejidad, con el pretexto de otorgar a cada una de ellas un valor añadido.4 Como resultado de este plan de trabajo, se adoptaron un total de seis Directivas. Sin embargo, las tres primeras Directivas se adoptaron en el período 2010-2013; un segundo período de desarrollo culminó con la publicación de otras tres Directivas en 2016. Hay un aspecto del Plan de trabajo que aún no se ha retomado, a saber, el relativo a la detención y la prisión provisional (medida f) del Plan de trabajo).

unlawful detention of a person

The procedural law, in its articles 520 bis 3 and 524.2, empowers the judge, respectively, so that at any time during the period of detention he can be informed and know the situation of the detainee, and gives the detainee the right to communicate in writing «to the superior officials of the judicial order».

Article 524.1 gives the judge the right to request information on or review the situation of the detainee at any time during the period of detention, and article 524.2 gives the detainee the right to communicate in writing with higher levels of the judiciary.

The detainee’s lawyer shall go to the detention center as soon as possible and, in any case, within eight hours at the latest, counted from the moment of the communication to the corresponding bar association.

be executed, the civil action shall be understood to be also used, provided that the injured party neither renounces or expressly reserves the right to exercise said action once the criminal trial has terminated, should it take place.

as long as the criminal jurisdiction does not pronounce: Once a criminal trial has been initiated in investigation of a crime or misdemeanor, a lawsuit on the same fact may not be pursued; suspending it, if any, in the state in which it is found, until a final judgment has been handed down in the criminal case.

reglas mínimas para el tratamiento de los presos

No debemos olvidar que los derechos de las personas detenidas, reconocidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguen vigentes y no pueden ser restringidos de ninguna manera como consecuencia del estado de alarma.

jurisdicción, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece que «la suspensión e interrupción no será de aplicación en los procedimientos de habeas corpus, en los procedimientos relativos a los servicios de guardia o con detenidos»

(apartado segundo de la Disposición Adicional 2ª).Y, efectivamente, las detenciones no parecen haber cesado. La Policía Nacional detuvo a 1.540 personas entre el 14 de marzo y el 8 de abril por supuestas infracciones de encierro

Para policías y fiscales, esta situación excepcional no puede implicar la flexibilización de los requisitos procesales. Aunque se pueden hacer ciertas adaptaciones, siempre deben garantizar los derechos de los

detenidos a ser examinados por un médico, el 20 de marzo el Consejo Médico Forense emitió una serie de recomendaciones en las que se afirma que la asistencia a los detenidos es un servicio forense esencial que debe seguir prestándose durante

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