Derecho de asociacion constitucion española

Derecho de asociacion constitucion española

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La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constitucional) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

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(3) El Estado podrá negociar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan especiales vínculos con España. En estos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aunque dichos países no concedan un derecho recíproco a sus propios ciudadanos. (Art. 11)
b) El recurso de amparo individual contra la violación de los derechos y libertades recogidos en el apartado 2 del artículo 53 de la Constitución, en los supuestos y forma que establezca la ley.
(2) El Gobierno podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y acuerdos adoptados por los órganos de las Comunidades Autónomas, lo que producirá la suspensión de las disposiciones o acuerdos impugnados, pero el Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión, según el caso, en un plazo no superior a cinco meses. (Art. 161)
a) Interponer recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, el órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma y, en su caso, su Asamblea.

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La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

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La crisis constitucional española va en aumento, y ahora -por fin- ha encontrado una atención más amplia, gracias al referéndum del 1 de octubre y a la violencia de la policía española que intenta impedir su celebración. Aún así, reina mucha confusión sobre cómo enfocar la crisis, aparte de la obvia condena de las violaciones de los derechos humanos durante el referéndum y en las semanas previas. Habiendo sido un observador cercano del desarrollo de la crisis durante la última década, he aquí algunos intentos de aclaración.

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