Derecho a la tutela judicial efectiva

la sexta enmienda, la igualdad de protección y el debido proceso (s7a)

El derecho a la tutela judicial efectiva está impulsando una importante evolución del derecho administrativo de la UE, especialmente en vista del carácter multijurisdiccional de la estructura administrativa europea. Este artículo se centra en las lagunas de la protección judicial derivadas del reconocimiento mutuo en las interacciones transnacionales entre las autoridades administrativas de los Estados miembros de la UE. En primer lugar, sienta las bases examinando los ingredientes de la ecuación: El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el concepto y las formas de reconocimiento mutuo y la noción de espacio administrativo europeo. A continuación, este artículo evalúa la protección judicial que los particulares pueden obtener de los tribunales nacionales en estos escenarios transnacionales. Se analizan por separado el procedimiento, el fondo y la deferencia, con el fin de señalar los puntos ciegos y las deficiencias, así como de sugerir posibles soluciones para abordar al menos algunas de ellas. Este artículo termina con un breve resumen de las principales conclusiones.
Número especial 3: Judicial and Extra-judicial Challenges in the EU Multi- and Cross-level Administrative Framework , Mayo 2021 , pp. 344 – 370 DOI: https://doi.org/10.1017/glj.2021.12[Abre en una nueva ventana]

seguridad nacional: ¿una licencia gratuita para la vigilancia gubernamental?

Este estudio aborda las fricciones que surgen cuando la eficacia del derecho de la UE se encuentra con normas nacionales que impiden a los jueces aplicar el derecho de la UE por iniciativa propia. Presenta los factores clave en los esfuerzos del TJUE por lograr un equilibrio que garantice tanto la protección sustantiva como la procesal.
La autora se apoya en un enfoque teórico de destilación de los beneficiarios de la eficacia, de la tutela judicial efectiva del derecho de la UE y de las normas nacionales de protección procesal. Esta lente metodológica sitúa una línea divisoria clave entre garantizar la protección sustantiva de un beneficiario del Derecho de la UE y garantizar la protección procesal de todos los litigantes.
Exigir al juez nacional que examine de oficio el Derecho de la UE aplicable es la solución que mejor promueve su correcta aplicación, es decir, la protección sustantiva. Sin embargo, se trata de una obligación controvertida, ya que va en contra del principio de disposición de las partes. Aunque en general respeta la autonomía procesal, la obligación condicionada de revisión de oficio identificada en este trabajo tiene la capacidad de socavar la igualdad procesal.

condena de la república de chipre por el tedh en materia de asilo

nivel interno mediante el cual podría impugnar la solicitud de reembolso de la ayuda financiera concedida por el Fondo de Cohesión, dado que el acto por el que se le notificó la decisión de la Comisión de suprimir la ayuda financiera concedida por el Fondo de Cohesión no es un acto recurrible en Derecho interno.
se le denegó el reembolso sin que la Comisión le hubiera remitido ninguna decisión y sin que la empresa hubiera sido informada formalmente de las recomendaciones del informe de auditoría en el que se basaba dicha denegación.
été exclue du remboursement sans que la Commission ne lui ait adressé un quelconque acte décisionnel et sans qu’elle ne soit informée formellement des recommandations du rapport d’audit sur lequel cette exclusion se base.

aplicación del derecho de la ue

El concepto de garantía de los derechos ha sufrido transformaciones fundamentales en el último siglo, que han contribuido al desarrollo de la protección y salvaguarda de los derechos en las Constituciones. A todo ello contribuyó también el abandono de «la pretensión romántica, derivada de la Revolución Francesa, según la cual bastaba con consagrar los derechos humanos en la constitución política, para que fueran respetados por las autoridades y los ciudadanos» (Jiménez, 2000, pg.549).
El actual texto constitucional, en vigor desde 2008, amplía y refuerza el complejo y el concepto de garantías y derechos, aumentando los instrumentos de defensa y desarrollando el contenido de las garantías ya existentes en la anterior Constitución (Storini, 2010, pg. 287).
El progreso de la sociedad obliga a restringir la defensa privada de los derechos en caso de conflicto, hasta el punto de llegar a la concepción actual de la jurisdicción, como facultad exclusiva del Estado, para intervenir en cualquier conflicto que perturbe real o eventualmente la paz social. (Becerra, 1977, pg. 22).

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