Derecho a la intimidad constitucion española

Constitución española de 1978

En noviembre, España aprobó una polémica ley de protección de datos para facilitar el cumplimiento de la legislación española con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Aunque la ley española pretendía aportar claridad a la aplicación de los principios del RGPD, su texto y su posible aplicación en el mundo real han provocado la preocupación de que se desvíe del efecto previsto por el RGPD.
Los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección de datos tanto en virtud de la Constitución de España en su artículo 18.4 como del artículo 8 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Sin embargo, tanto la Constitución española como la Carta adoptan una vía y un enfoque textual diferentes del derecho fundamental a la protección de datos. El artículo 18.4 de la Constitución de España confiere un derecho negativo, mientras que el artículo 8 de la Carta de Derechos de la Unión Europea confiere un derecho positivo. Leído estrictamente, el artículo 8 de la Carta de la UE separó el derecho a la protección de datos del derecho a la intimidad, lo que allanó el camino para la adopción del RGPD. Este reglamento otorga a todos los ciudadanos europeos, incluidos los españoles, el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho a oponerse a la elaboración de perfiles. La aplicación española del RGPD es diferente. Podría permitir la recopilación de perfiles políticos. Esta enorme excepción puede tener implicaciones de gran alcance en el derecho constitucional de España a la protección de datos, así como para la UE en su conjunto.

Enmiendas a la constitución española

La crisis constitucional española va en aumento, y ahora -por fin- ha encontrado una atención más amplia, gracias al referéndum del 1 de octubre y a la violencia de la policía española que intenta impedir su celebración. Aún así, reina mucha confusión sobre cómo enfocar la crisis, aparte de la obvia condena de las violaciones de los derechos humanos durante el referéndum y en las semanas previas. Habiendo sido un observador cercano del desarrollo de la crisis durante la última década, he aquí algunos intentos de aclaración.

España derechos y libertades

La intimidad es un derecho humano fundamental que sustenta la libertad de asociación, pensamiento y expresión, así como la ausencia de discriminación. Pero es difícil de definir. En general, la privacidad incluye el derecho a la libertad de asociación, pensamiento y expresión, así como a la no discriminación. La privacidad de la información consiste en promover la protección de la información que dice quiénes somos, qué hacemos y en qué creemos. La Ley de Privacidad de 1988 (Privacy Act) regula el tratamiento de la información personal por parte de las agencias gubernamentales australianas y de cualquier organización con una facturación anual superior a 3 millones de dólares, así como de otras organizaciones.  La Ley de Privacidad no cubre específicamente la vigilancia, pero hay situaciones en las que puede aplicarse.  El derecho a la privacidad no es absoluto. A veces se da prioridad a otras preocupaciones, como la seguridad de usted o de otros, o el interés de la justicia. Pero es importante. Por eso se aplican normas estrictas en estas situaciones.

Constitución española de 1931

Número 6: Especial – Remisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de La Unión Europea por parte de los Tribunales Constitucionales , Diciembre 2015 , pp. 1509 – 1528 DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200021246[Abre en una nueva ventana]
Hacemos referencia al artículo de Mattias Kumm en el que sugiere que no debe haber un árbitro final, sino una colaboración entre el TJUE y los Tribunales Constitucionales, en particular el alemán, en una concepción pluralista del constitucionalismo europeo. Véase