Derecho a la informacion constitucion española

constitución española 1978 resumen

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

enmiendas a la constitución española

La Constitución Española de 1978 ha introducido en su parte dogmática el reconocimiento del derecho de los profesionales de la información a la cláusula de conciencia. Y si bien es cierto que este derecho ya estaba reconocido por la legislación ordinaria, con diferentes grados de garantía, en diversos estados democráticos, la aportación del texto constitucional español ha sido la de integrarlo como un elemento. que establece el derecho fundamental a recibir y comunicar información.
Esta Ley Orgánica sigue la línea trazada por el Tribunal Constitucional de instar a los poderes públicos, y por tanto a las Cortes Generales, a llevar a término acciones positivas en defensa de los derechos fundamentales, asegurando la necesidad de complementar los valores constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido, el artículo responde a la necesidad de dotar a los profesionales de la información de un derecho básico en la medida en que son el factor fundamental en la producción de información. Su labor está presidida por un indudable componente intelectual, que ni los poderes públicos ni las empresas de comunicación pueden olvidar. La información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que se difundan al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo.

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La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

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Madrid, 12 de diciembre de 2016 – Más de 50 de los principales expertos constitucionalistas, abogados y académicos de España han pedido al Gobierno español que reconozca el acceso a la información como un derecho fundamental en línea con la jurisprudencia internacional que vincula el derecho a la información con la libertad de expresión.
En la carta, hecha pública coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia española (10 de diciembre de 2014), los firmantes reconocen los avances en materia de transparencia realizados hasta ahora, pero advierten de las limitaciones que conlleva no reconocer el carácter fundamental del derecho, un derecho esencial para luchar contra la corrupción y garantizar la participación en el debate público.
«Como confirman los expertos, el derecho de acceso a la información ya está reconocido como un derecho humano fundamental por más de 70 países y por las Naciones Unidas, así como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», afirmó Alba Gutiérrez, Campañista de Access Info.
«La PDLI ha defendido que el derecho de acceso a la información es inseparable del derecho reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Toda dificultad que siga existiendo para conseguir la transparencia de las instituciones públicas es un obstáculo para el disfrute efectivo de este derecho», expresó Virginia Pérez Alonso, Presidenta de la PDLI.

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