Delito contra la hacienda publica

Delito contra la hacienda publica

Robo

Los delitos fiscales, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros amenazan los intereses estratégicos, políticos y económicos de los países desarrollados y en desarrollo. También socavan la confianza de los ciudadanos en la capacidad de sus gobiernos para conseguir que los contribuyentes paguen sus impuestos y pueden privar a los gobiernos de los ingresos necesarios para el desarrollo sostenible.
Las actividades delictivas son dinámicas y se adaptan rápidamente para aprovechar las nuevas oportunidades de beneficio financiero, superando con frecuencia los cambios legislativos diseñados para combatirlas. Encontrar mejores formas de combatir la delincuencia financiera es especialmente importante en tiempos de crisis económica, cuando la pérdida de ingresos es aún más perjudicial para los gobiernos, las empresas y los individuos.
La lucha contra estas actividades requiere una mayor transparencia, una recopilación y un análisis más eficaces de la información, y una mejora de la cooperación y el intercambio de información entre los organismos gubernamentales y entre los países para prevenir, detectar y perseguir a los delincuentes y recuperar el producto de sus actividades ilícitas.

Robo de identidad

Los delitos económicos suelen confundirse con otro término, la corrupción. Existen diferentes definiciones de lo que es la corrupción. Cada definición ilumina diferentes dimensiones del fenómeno a estudiar, lo que influye en las tareas de análisis y persecución que se deben llevar a cabo. Una primera definición se centra en la ética pública. Aquí, la corrupción se define como una confusión ética entre el espacio público y el privado. Una segunda visión relaciona el problema de la corrupción con la falta de transparencia del Estado, ya sea en forma de barreras de acceso a la información pública o de oportunidades de contratación puntual a determinadas empresas en el ámbito de los bienes y servicios. Sin embargo, hay una tercera definición, que es la que nosotros como organización promovemos: la corrupción es una de las muchas partes de un fenómeno criminal más complejo y más amplio, que es la delincuencia económica. Por lo tanto, nuestra visión no se limita a los delitos cometidos en el sector público, sino que también se extiende a los perpetrados por los agentes económicos del sector privado.

Robo de identidad

La actuación de la UE en el ámbito de la delincuencia financiera y organizada ha sido desigual. Por un lado, ha habido una plétora de legislación contra el blanqueo de capitales (AML)/contra la financiación del terrorismo (CFT), con nuevas normas de la UE justificadas como necesarias para alinearse con los avances internacionales, en particular las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, a pesar de estas leyes, sigue preocupando tanto la eficacia de las normas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales como su impacto en los derechos fundamentales y en los sistemas nacionales de derecho penal. Por otra parte, las normas de la UE en los ámbitos de la penalización de la actividad delictiva organizada y la corrupción (en particular la corrupción en el sector privado) son limitadas y están anticuadas. Por lo tanto, es necesario examinar de forma rigurosa y crítica la aplicación de las medidas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, así como considerar el desarrollo de nuevas normas de la UE sobre la delincuencia organizada y la corrupción.
La naturaleza de doble nivel de esta política se refleja claramente en la historia de la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE, ya en la primera directiva (con su inusual «declaración conjunta» sobre la penalización del blanqueo de capitales), así como en los instrumentos posteriores (las directivas y la Decisión marco de 2001). Las directivas relativas al sistema de prevención se adoptaron en el marco de las competencias del (antiguo) primer pilar, mientras que la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales por vía penal (la 6ª Directiva AML)1 se adoptó, como corresponde, en virtud del art. 83 DEL TFUE. La retórica de los respectivos preámbulos es también instructiva respecto a los diferentes objetivos perseguidos.

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La delincuencia financiera es un delito cometido contra la propiedad, que implica la conversión ilegal de la propiedad de bienes (que pertenecen a una persona) para su uso y beneficio personal. Los delitos financieros pueden implicar fraude (fraude con cheques, fraude con tarjetas de crédito, fraude hipotecario, fraude médico, fraude empresarial, fraude con valores (incluido el uso de información privilegiada), fraude bancario, fraude con seguros, manipulación del mercado, fraude en los puntos de venta, fraude en la atención sanitaria); robo; estafas o engaños; evasión fiscal; soborno; sedición; malversación; robo de identidad; blanqueo de dinero; y falsificación, incluida la producción de dinero y bienes de consumo falsos.
Los delitos financieros pueden implicar actos delictivos adicionales, como los delitos informáticos y el abuso de ancianos, e incluso delitos violentos como el robo, el atraco a mano armada o el asesinato. Los delitos financieros pueden ser llevados a cabo por individuos, empresas o grupos de delincuencia organizada. Las víctimas pueden ser individuos, empresas, gobiernos y economías enteras.
Estados Unidos introdujo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en 1977 para hacer frente al soborno de funcionarios extranjeros. Esta legislación dominó la aplicación internacional de la lucha contra la corrupción hasta alrededor de 2010, cuando otros países comenzaron a introducir una legislación más amplia y sólida, en particular la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010.[1][2] La Organización Internacional de Normalización introdujo una norma internacional de sistemas de gestión contra el soborno en 2016.[3] En los últimos años, ha aumentado la cooperación en las medidas de aplicación entre los países.[4]

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