Decreto 8 do 8 de xaneiro

Significado del decreto legislativo

El Consejo de Ministros se reunió en el Palacio de Gobierno, en Dili, y aprobó el Proyecto de Decreto del Gobierno sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, presentado por el Ministro de Finanzas, Rui Augusto Gomes.

Este Decreto del Gobierno establece las normas de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado 2021, aprobados por la Ley 14/2020, de 29 de diciembre, y se aplica a los organismos y servicios de los presupuestos de la Administración Central, de la Región Especial de Oe-Cusse Ambeno y de la Seguridad Social.

Este Decreto pretende garantizar un control presupuestario eficaz y riguroso y, a la vez, simplificar los procedimientos de ejecución presupuestaria, continuando los cambios iniciados en el año 2020, con el objetivo de facilitar la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado 2021 por parte de los órganos y servicios del Sector Público Administrativo.

Entre las diferencias relacionadas con el Decreto del Gobierno sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, las más relevantes son la existencia de sólo dos regímenes financieros, la implantación de la presupuestación por programas, la modificación de las fechas de cierre del ejercicio presupuestario, la flexibilización de la ejecución presupuestaria y el aumento de las obligaciones de información.

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En el ámbito de las administraciones públicas, la consagración del derecho a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos conlleva una obligación correlativa de las mismas, que tiene como premisas la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y la remoción de los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud, lo que exige incorporar las peculiaridades que requiere una aplicación segura de estas tecnologías.

Así se ha dado respuesta al artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la creación del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo objeto es el establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad en el uso de los medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información.

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas que garanticen la seguridad de los sistemas, de los datos, de las comunicaciones, y de los servicios electrónicos, permitiendo a los ciudadanos y a las administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

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Este Decreto proclama la adopción del Reglamento sobre la forma y el contenido de los documentos necesarios para la expedición de la autorización de comercialización de biocidas o de un grupo de biocidas, tal como se define en las disposiciones del artículo 18 de la Ley búlgara sobre la protección contra el impacto nocivo de las sustancias y preparados químicos.

Suprimir el registro «Decreto nº 8, de 22 de enero de 2018, por el que se aprueba el Reglamento sobre la forma y el contenido de los documentos necesarios para la expedición de la autorización de comercialización de biocidas o de un grupo de biocidas, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de protección contra el impacto nocivo de las sustancias y preparados químicos.»

Art. 49 párrafo 1 del decreto ministerial del 2 de marzo

En este contexto, el presente instrumento normativo, de carácter sectorial, tiene por objeto promover las adaptaciones exigidas por el citado instrumento normativo en cuanto a los requisitos para la prestación de los servicios de audiotexto y de los servicios de valor añadido basados en mensajes, modificando para ello el Decreto-Ley nº 177/99, de 21 de mayo, modificado por la Ley nº 95/2001, de 20 de agosto, por el Decreto-Ley nº 63/2009, de 10 de marzo, y por la Ley nº 51/2011, de 13 de septiembre, que regula el acceso y el ejercicio de estas actividades.

Por último, este instrumento normativo tiene también por objeto adecuar el régimen sancionador previsto en el Decreto-Ley nº 177/99, de 21 de mayo, al régimen marco de infracciones administrativas del sector de las comunicaciones, aprobado por la Ley nº 99/2009, de 4 de septiembre, modificada por la Ley nº 46/2011, de 24 de junio.

8 – A efectos de orden público y protección de los consumidores, la exigencia del apartado 2 del artículo 8 se aplicará exclusivamente a los prestadores de servicios basados en mensajes de valor añadido destinados al territorio nacional que no se establezcan en él.

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