Cuando es firme una sentencia contencioso administrativo

el alcalde bill de blasio anuncia nuevas medidas para ayudar a las familias

El recurso extraordinario federal interpuesto por Transportadora de Gas del Mercosur SA (en adelante TGM) pgs. 2096/2116 al dorso contra la sentencia de pgs. 1861/1919 al dorso, respondido por YPF SA (en adelante YPF) en los pgs. 2238/2255 y por AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. (en adelante AESU) (en adelante AESU) y Companhia de Gas do Estado do Rio Grande do Sul (en adelante Sulgás) pgs. 2256/2275; y;

Que, con fecha 22 de diciembre de 2015, esta Corte admitió el recurso interpuesto por YPF en los términos contenidos en el art. 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dejó debidamente sin efecto el apartado b) del párrafo 1735 del Laudo otorgado en el Arbitraje CCI 16232/JRF/CA del 8 de mayo de 2013, además de los restantes apartados (pgs. 1861/1919 al dorso). Este laudo fue informado a YPF y a sus contrapartes en este procedimiento un día después (pg. 1920 al dorso).

Que, practicada la correspondiente notificación, YPF contestó solicitando la denegación del remedio federal (pgs. 2238/2255 ss.), mientras que AESU y Sulgás solicitaron su concesión (pgs. 2256/2275).

¿ganan ambos? – debate completo (25 de enero de 2015)

Disposiciones legislativas pertinentes: Derecho Internacional > Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 > Art 1Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva sobre procedimientos de asilo, Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva sobre requisitos, Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre requisitos, Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre de 2011Derecho de la Unión Europea > ES – Directiva refundida sobre procedimientos de asilo 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo > Artículo 10

España – Sentencia de la Audiencia Nacional n. 4920/2007 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª), de 14 de noviembre de 2007 (recurso n. 262/2007) – (Sentencia de la Audiencia Nacional n. 4920/2007 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª), de 14 de noviembre de 2007

España – Sentencia de la Audiencia Nacional n. 3235/2007 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª), de 18 de julio de 2007 (recurso n. 106/2007) – (Sentencia de la Audiencia Nacional n. 3235/2007 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª), de 18 de julio de 2007 (recurso n. 106/200

revisión judicial: crash course government and politics #21

Algunas de ellas, por supuesto, ya han sido afrontadas por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han cambiado o que complementan en algunos aspectos la competencia de la jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían una refundición en sí misma.

Desde este último punto de vista, la reforma compacta las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden administrativo-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y El Tribunal de Justicia ha estado a favor del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La preocupación por lograr un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego, como del derecho y la calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la eficacia del tribunal es uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o meramente cautelar no satisface el derecho que el artículo 24.1 de la Constitución reconoce.

zeta

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, tal y como establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

De acuerdo con el artículo 37 de la LCSP, los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados, los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos de condiciones que regulen la licitación y los que establezcan las características del suministro, así como los actos de trámite adoptados en el procedimiento anterior, siempre que éstos decidan directa o indirectamente la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, deben ser los

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