Casos de vulneracion del derecho a la intimidad

Griswold contra connecticut

En un mundo cada vez más conectado y abarrotado, los tribunales y las legislaturas han desarrollado un concepto relativamente nuevo: el derecho a la intimidad de las personas. Se trata de un concepto particularmente «occidental», fundado en la visión de la Ilustración de que el individuo es el centro de la sociedad y posee derechos para vivir y actuar sin interferencia del gobierno, siempre que la sociedad esté protegida de actos irrazonables. En la mayor parte de Asia y en gran parte del Tercer Mundo, este concepto no se considera prioritario.

El derecho a la intimidad es, sencillamente, el derecho de una persona a que se le deje en paz, a estar libre de publicidad injustificada y a vivir sin injerencias injustificadas del público en asuntos que a éste no le conciernen necesariamente. Strutner contra Dispatch Printing Co., 2 Ohio App. 3d 377 (Ohio Ct. App., Franklin County 1982).

Una persona tiene un derecho procesable a estar libre de la invasión de la privacidad. Black v. Aegis Consumer Funding Group, Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 2632 (S.D. Ala. 8 de febrero de 2001). Una invasión procesable del derecho a la intimidad es la apropiación o explotación injustificada de la propia personalidad, la publicación de los asuntos privados de una persona que no conciernen legítimamente al público, o la intromisión indebida en las actividades privadas de una persona de tal manera que escandaliza o causa sufrimiento mental, vergüenza o humillación a una persona de sensibilidad ordinaria.

Planned parenthood contra casey

Los ejemplos y la perspectiva de este artículo se refieren principalmente a Estados Unidos y no representan una visión mundial del tema. Puedes mejorar este artículo, debatir el tema en la página de discusión o crear un nuevo artículo, según corresponda. (Abril de 2018) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), redactada originalmente para garantizar los derechos individuales de todas las personas en todo el mundo. Las palabras Derecho a la intimidad no están escritas en el documento, sin embargo, muchos lo interpretan leyendo el artículo 12,[4] que dice

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Desde las revelaciones de vigilancia mundial de 2013, iniciadas por el exempleado de la NSA Edward Snowden, el derecho a la privacidad ha sido objeto de debate internacional. Las agencias gubernamentales, como la NSA, la CIA, R&AW y GCHQ, se han dedicado a la vigilancia masiva y global.

Lawrence contra texas

Dado que el estancamiento de los derechos de acción individuales hace improbable que se apruebe la legislación federal sobre privacidad sin un derecho de acción privado de alguna forma, nuestro informe recomienda un recurso específico que permita a los individuos demandar por determinadas violaciones de la legislación básica sobre privacidad. Recomendamos centrar estos casos en las violaciones que afectan más directamente a la privacidad individual, limitando en general la recuperación a los «daños reales», exigiendo una mayor responsabilidad «a sabiendas o por imprudencia» para la mayoría de las disposiciones legales y un estándar «intencional o reiterado» para las disposiciones más procesales, y filtros procesales adicionales. Este artículo explica los fundamentos y la mecánica de nuestra propuesta.

Ninguna cuestión en el debate sobre la privacidad está tan polarizada como la posibilidad de que los particulares puedan presentar demandas por violaciones de la privacidad. Las demandas privadas -especialmente las demandas colectivas de los consumidores- son un anatema incluso para las empresas favorables a la privacidad, mientras que para muchos grupos de consumidores, privacidad y derechos civiles, suponen objetivos fundacionales.

Estas posturas polares se reflejan en los proyectos de ley de privacidad de los líderes de la Comisión de Comercio del Senado y de la Cámara de Representantes publicados a finales del año pasado, dos de los cuales abordamos en nuestro primer artículo de esta serie: La Ley de Derechos de Privacidad del Consumidor en Línea (COPRA) de la senadora demócrata Maria Cantwell, el proyecto de Ley de Privacidad de Datos del Consumidor de los Estados Unidos (USCDPA) del senador republicano Roger Wicker, y el «proyecto de discusión del personal bipartidista» del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Violaciones de la privacidad de los derechos humanos

A principios de este mes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional hizo públicos tres dictámenes redactados por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (también conocido como Tribunal FISA) y el Tribunal de Revisión FISA (FISCR). En el primer dictamen, el Tribunal FISA sostuvo que los procedimientos del FBI para acceder a las comunicaciones de los estadounidenses que se recogen «incidentalmente» en virtud del artículo 702 de la FISA violaban tanto la ley como la Cuarta Enmienda. El gobierno apeló, y en el segundo dictamen, el FISCR confirmó la decisión del Tribunal FISA. El FBI se vio obligado a revisar sus procedimientos para ajustarse al fallo del tribunal, y en el tercer dictamen, el tribunal aprobó los procedimientos revisados.

Para contextualizar los recientes dictámenes del tribunal, es necesario conocer algunos antecedentes. En virtud del artículo 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Exterior (FISA), aprobada en 2008, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que opera dentro de Estados Unidos, está autorizada a recoger comunicaciones de extranjeros en el extranjero con fines de inteligencia exterior. No se requiere ninguna orden judicial para esta recopilación porque los tribunales han sostenido que los extranjeros no tienen derechos en virtud de la Cuarta Enmienda. En cambio, cada año, el Tribunal FISA debe aprobar los procedimientos que rigen la vigilancia.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad