Artículo 33 de la constitución española

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La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.

Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los «padres de la Constitución». Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).

El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda («color de soldadura») por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

constitución española de 1812

España se encuentra bajo el estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo. Esta situación está garantizada por el artículo 55 de la Constitución y el desarrollo previsto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, junto con los de emergencia y sitio.

El actual estado de alarma es el segundo en España tras la promulgación de la Constitución Española. El anterior fue establecido por el RD 1673/2010, para la regulación del servicio público esencial del transporte aéreo, es decir, la huelga de controladores aéreos, pero con un alcance mucho más limitado.

La Ley Orgánica 4/1981, prevé, como en la actualidad, la declaración del estado de alarma por situaciones de crisis sanitaria (artículo 4) y ello puede tener incidencia, no sólo en la movilidad, sino también en la asunción de funciones por parte de los funcionarios y en el patrimonio.

En consecuencia, hoy en día, estamos oyendo hablar de la incautación, el decomiso y el secuestro de varios materiales o áreas. Sin embargo, por si surge alguna duda, hay que recordar que el estado de alarma no afecta por sí mismo al derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española, aunque la propiedad privada pueda ser requisada y ocupada.

wikipedia

(3) El Estado puede negociar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan especiales vínculos con España. En estos países los españoles pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aunque esos países no concedan un derecho recíproco a sus propios ciudadanos. (Art. 11)

b) El recurso de amparo individual contra la violación de los derechos y libertades recogidos en el apartado 2 del artículo 53 de la Constitución, en los supuestos y forma que establezca la ley.

(2) El Gobierno podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y acuerdos adoptados por los órganos de las Comunidades Autónomas, lo que producirá la suspensión de las disposiciones o acuerdos impugnados, pero el Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión, según el caso, en un plazo no superior a cinco meses. (Art. 161)

a) Interponer recurso de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, el órgano ejecutivo de una Comunidad Autónoma y, en su caso, su Asamblea.

modificación de la constitución española

Como señala correctamente Su Señoría, la Comisión envió una carta a las autoridades españolas el 29 de julio de 2003 solicitando sus observaciones sobre las supuestas expropiaciones discriminatorias y arbitrarias en la región de Valencia. El Director General de Justicia e Interior informó tanto al Sr. Tannock como al Sr. Chichester, autores de la pregunta escrita E-1600/03, de la respuesta de las autoridades españolas mediante carta de 3 de febrero de 2004.

Según la respuesta presentada por las autoridades españolas, el ejercicio del derecho de propiedad en España está sujeto a ciertos límites y condiciones y la Constitución española establece efectivamente en su artículo 33 que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa de utilidad pública o interés social, mediante indemnización y de acuerdo con la legislación vigente.

La Constitución Española atribuye al Estado la competencia para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de propiedad y la igualdad respecto de las obligaciones inherentes al ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo.

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